Por: Puerto Carreño Stereo 104.3 FM - Kaejume witsi
En el oriente de Colombia, al sur del departamento de Vichada y en una región fronteriza con Venezuela, se encuentra Cumaribo, el municipio más grande del país. Su territorio, de gran extensión selvática, alberga 38 resguardos Indígenas pertenecientes a diversos pueblos ancestrales, entre ellos los Piapoco, Piaroa, Curripaco, Puinave, Cubeo y Jivi.
Saracure Río Cada forma parte de uno de esos 38 territorios colectivos o resguardos étnicos donde la naturaleza y la vida comunitaria respiraban en una quietud ancestral. Sin embargo, en la madrugada del pasado 17 de julio de 2026, ese sosiego fue arrebatado por el estallido de las balas y el rugido del fuego quemando las casas de madera y palma.
La autoridad del resguardo, el cabildo gobernador Jaider Naranjo Jiménez, explicó a un medio de comunicación local que el ataque perpetrado se efectuó de manera ágil: “sin mediar palabras y sin presentar razón alguna, sacaron a las familias de sus viviendas a la fuerza, quemaron las casas y dejaron dolor y destrucción en nuestro territorio”.
Entre las víctimas mortales se encuentra el líder Indígena de la comunidad de Sabaneta, perteneciente al resguardo Saracure Río Cada, Yeison Maicol Díaz Cumanica, de 25 años, así como dos jóvenes embarazadas: Tania Mercedes Gaitán, de 19 años, y Clara Estrella Gaitán, de 17. Ambas habrían desaparecido durante las primeras horas del ataque y posteriormente fueron halladas sin vida. Naranjo Jiménez recalcó que el asalto dejó, además, una mujer herida de bala, así como el desplazamiento forzado de varias familias Indígenas. Esta tragedia ha sido catalogada por Indepaz como la masacre número 72 registrada en el país en lo que va del año.
Así mismo, la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (CDDHHPPII) fundamentó su denuncia bajo el concepto de crimen de guerra y exterminio del Pueblo Piapoco: “Estos hechos constituyen una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. No es un caso aislado. Expresa la persistencia del conflicto armado en nuestros territorios”, declaró este organismo.
Denuncian negligencia y abandono estatal
No obstante haber dado a conocer públicamente lo ocurrido, rechazado las acciones criminales y realizado un llamado urgente al Estado para que atendiera la situación con la urgencia que merece, el cabildo gobernador del resguardo Indígena Saracure Río Cada denunció que la fuerza pública no llegó a tiempo, a pesar de los llamados desesperados de auxilio. Asimismo, destacó el abandono institucional que padecen las familias de las etnias Piapoco y Sikuani asentadas en Sabaneta.
“Actualmente, en nuestro territorio solo contamos con el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno Municipal, la Personería Municipal y el inspector de Policía. Las demás instituciones competentes brillan por su ausencia y no se han pronunciado, ni actuado frente a este hecho tan violento que enluta a nuestra comunidad”, declaró Naranjo en un comunicado el 18 de julio, un día después del ataque.
En un comunicado oficial del 21 de julio, diversas organizaciones Indígenas, entre ellas la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Confederación Indígena Tayrona (CIT), el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y el Gobierno Mayor, denunciaron que, después de más de 72 horas del ataque, los cuerpos sin vida aún permanecían abandonados en el territorio.
“Hasta la fecha (21 de julio) estos cuerpos llevan más de 5 días y no se les ha hecho el proceso de recuperación de los cuerpos para los trámites correspondientes”, declaró la autoridad Indígena del resguardo Saracure Río Cada.
Sin embargo, ese mismo día, el 21 de julio, la gobernación del departamento de Vichada emitió un comunicado para la opinión pública, donde manifestó que, una vez tuvo conocimiento de los hechos violentos ocurridos el 17 de julio de 2026 en el resguardo Indígena Saracure Río Cada, activó de inmediato las rutas institucionales. Para ello, convocó a un Consejo Departamental de Seguridad Extraordinario en el que participaron la Alcaldía de Cumaribo, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Según la administración, “esta articulación permitió coordinar una respuesta oportuna y ordenar el desplazamiento de la Fuerza Pública hacia el territorio para asegurar la zona y apoyar las investigaciones judiciales”, informó el texto de conocimiento general posteado en Facebook.
Frente a ese comunicado, el cabildo gobernador Jaider Naranjo desmintió categóricamente esta versión, al señalar que el pronunciamiento de la administración departamental, emitido cinco días después de la masacre, carece de fundamento fáctico.
La denuncia confirma que las fuerzas militares no llegaron al resguardo Saracure Río Cada para asegurar la zona, ni proteger a la población civil de forma inmediata, sino que su arribo al epicentro de los hechos se retrasó hasta el 22 de julio, consolidando un vacío de seguridad de casi una semana en una situación de extrema urgencia.
“En territorio no vimos las instituciones menos la fuerza pública, no le digamos mentiras a la ciudadanía, el hecho ocurrió el 17 julio y el 22 de julio hasta ahora administración departamental se dignó emitir comunicado sin fundamento” dijo el cabildo Indígena.
“No más mentiras, sabemos que la vida de nuestros Indígenas no vale a las instituciones” recalcó la autoridad Indígena Jaider Naranjo, refiriéndose a un reclamo estructural por discriminación y abandono estatal.
Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 017- 2024
La comunidad fue tomada por sorpresa en la madrugada del 17 de julio de 2026, mientras dormía, lo que impidió a sus integrantes identificar a los atacantes. Sin embargo, el riesgo ya había sido advertido y documentado formalmente por el Estado mediante la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 017-2024, en la que la Defensoría del Pueblo había identificado de manera específica al Resguardo Saracure Río Cada.
El documento defensorial advirtió explícitamente sobre varios riesgos inminentes, entre ellos, la reactivación, avance y expansión territorial de varios grupos armados y violentos, como es el caso de las disidencias o grupos residuales al margen de la ley en la zona de Cumaribo. Asimismo, informó sobre la disputa por corredores ilegales, dado que el resguardo Saracure Río Cada se encuentra en una zona codiciada. Los ríos de la región, como el Vichada y el Tomo, son utilizados como rutas estratégicas para el transporte de narcóticos y minerales extraídos ilícitamente, lo que incrementa el riesgo de confrontaciones entre grupos armados no estatales por el control territorial.
En su contenido, la alerta Temprana de Inminencia (ATI) 017- 2024, advirtió: “En Cumaribo, se ha identificado la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en límites con el departamento del Meta (quienes tendrían mayor vinculación con el circuito de economía ilegal de la coca), del Frente Primero Armando Ríos de las facciones disidentes de las extintas FARC autodenominadas Estado Mayor Central…”
“…Por otro lado, se ha tenido conocimiento del tránsito de actores armados en territorios colectivos, en zonas con potencial para la explotación minera, afectando las actividades productivas y de subsistencia física de las comunidades Indígenas”, detalló la mencionada alerta.
Resulta importante añadir que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue el grupo guerrillero armado más violento del país; se desmovilizó en el año 2016 tras la firma del Acuerdo de Paz, con la dejación de armas y su tránsito a la vida civil, creando un partido político llamado Comunes. No obstante, como indicó la Alerta Temprana, esta estructura criminal ha buscado retomar el control hegemónico de la zona sur, municipio de Cumaribo, en el departamento de Vichada.
“Este desenlace doloroso es consecuencia directa de la falta de reacción inmediata, oportuna y efectiva por parte de las autoridades competentes, quienes, no actuaron con la urgencia que la vida de nuestros seres queridos requería”, manifestó el cabildo gobernador Jaider Naranjo, haciendo referencia al contenido de la Alerta Temprana 017 de 2024.
“Es indignante e inaceptable que sigan cobrando vida estos grupos armados ilegales que operan en nuestro territorio con total impunidad, mientras persiste el silencio y la indiferencia de muchas entidades del Estado que deberían garantizar nuestra protección y el respeto por nuestros derechos fundamentales”, puntualizó Naranjo.
La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (CDDHHPPII), también explicó que, para las comunidades nativas la tierra no es una mercancía ni un objeto de disputa económica; es el corazón de su espiritualidad, su cultura y su memoria colectiva. Arrebatarles el territorio mediante el fuego y las balas es atentar directamente contra su pervivencia y su identidad.
“El territorio es la vida, y sin él, la comunidad Indígena Saracure Río Cada se enfrenta al exterminio”, reza el comunicado del Gobierno Mayor en las consideraciones finales.
Actualmente, las organizaciones Indígenas exigen acciones específicas a las entidades del Estado: a la Fiscalía y a la Fuerza Pública, coordinar la seguridad y la logística para el levantamiento técnico y la entrega digna de los cuerpos; al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), desplegar atención de emergencia y apoyo psicosocial para los niños desplazados; y a la Procuraduría, iniciar acciones disciplinarias contra los funcionarios que incurrieron en omisión o dilación frente a las alertas previas.
En 2025, Puerto Carreño Stereo - Kaejume witsi recibió una subvención del Fondo de Medios Comunitarios Indígenas de Cultural Survival, que brinda oportunidades para el periodismo, la radiodifusión, la edición de audio, las habilidades técnicas y más para los medios comunitarios de comunidades indígenas de todo el mundo. En 2025, CS otorgó un total de $502,000 a 63 proyectos de comunicación Indígena que beneficiarán a los pueblos indígenas en 29 países: Argentina, Bangladesh, Bolivia, Botswana, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Estados Unidos de América, Filipinas, Guatemala, India, Kenia, México, Nepal, Perú, Sudáfrica, República Democrática del Congo, Indonesia, Honduras, Mali, Nicaragua, Camboya, Chile, Canadá, Panamá, Paraguay, Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Nicaragua y Tanzania.
