Pueblo Ngäbe Bugle pierde territorio y 3 comunidades son desplazada por una hidroeléctrica

October 19, 2016

 

Por Jonathan González Quiel

El pueblo Ngäbe Bugle, se ubica en el occidente de Panamá y actualmente representa 2 culturas de las 7 etnias originarias que sobrevivieron a la conquista y la colonización española en Panamá.

Durante el siglo XX lograron la consolidación de un territorio autónomo a través la ley 10 de 1997, que creó la comarca Ngäbe Bugle y permitió salvaguardar su territorio ancestral que mide  aproximadamente 6.968 km² y desde entonces estos dos pueblos han estado luchando por defender la integridad de su territorio.

Durante los años 80´s  mucho antes de  la creación de la comarca el gobierno panameño, inicia la exploración minera en Cerro Pelado, en la región oriental y también inician los estudios para la construcción de un proyecto hidroeléctrico sobre el río Tabasará, que es considerado uno de los principales río del pueblo Ngäbe. En  1999 se funda el Movimiento 10 de Abril, integrado por Ngäbes y campesinos con el único objetivo de frenar el proyecto hidroeléctrico y el desarrollo minero que se planeaba construir dentro del territorio de la comarca.

Las movilizaciones y acciones de resistencia del pueblo Ngäbe Bugle, no solo logran la consolidación de su territorio si no que mantienen sus recursos fuera de las garras de los inversionistas extranjeros, pero el gobierno nunca sacó a este territorio de lista de lugares para la construcciones  de "proyectos de desarrollo".

En el 2007 el gobierno de Martín Torrijos, aprueba una concesión de agua a la empresa Generadora del Istmo S. A.(GENISA) sobre el río Tabasará, para la construcción del proyecto hidroeléctrico Tabasará S.A. Dicho proyecto hidroeléctrico pretendía general 19 MV y  fue colocado muy próximo a una área anexa de la comarca. Este proyecto fue construido por una empresa hondureña dirigida por la Familia Kafie, que justo ahora uno de los dueños está en prisión por corrupción en Honduras. Esta empresa fue financiada por 3 bancos internacional y dos de ellos están involucrados en el caso de Berta Cáceres Flores.

Las comunidades indígenas del Tabasará ya por más de dos décadas habían logrado frenar proyectos en esa misma zona y con la aprobación de los estudios para la construcción de este nuevo proyecto hace que el pueblo Ngäbe, este en alerta. En 2010 el nuevo presidente  Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, a través de sus autoridades aprueban una adenda sobre el PH Tabasará S. A. Esta adenda cambia el nombre del proyecto a Barro Blanco donde permite que el proyecto sea más grande con un espejo de agua  de 258 hectáreas, generando 28.56 MV, pero esta ampliación va impactar directoramente a 3 comunidades indígenas del corregimiento de Bagamä, de la comarca Ngäbe Bugle.

Las comunidades afectadas no fueron consultados previamente  a la aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA) y a la firma del contrato de concesión lo que generó fuertes  conflictos  porque los habitantes de estas comunidades perderían sus tierras junto a sus sitios arqueológicos que en la actualidad son sitios ceremoniales de vital importancia.      

En el 2012 el gobierno intenta modificar el código minero lo que provocó que la Coordinadora Nacional Ngäbe Bugle y Campesino se movilizara en diferentes puntos sobre la vía panamericana, lo que dejo un saldo de dos personas fallecidas y una decena de heridos. Luego de los enfrentamientos se creó una mesa de diálogo  acordando firmar una ley que prohibiría la minería e hidroeléctrica dentro del territorio Ngäbe Bugle.

Esta ley se firmó luego de un mes de dialogo, pero a pesar de las discusiones el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco sobre el río Tabasará se mantenía. El gobierno y la coordinadora mantienen un mesa de diálogo con el objetivo de abordar el conflicto del proyecto de Barro Blanco y las  Naciones Unidas  se prestaron la mediación. Ambas parte deciden hacer un nuevo estudio de verificación pero durante todo este tiempo la empresa Genisa, continuó con la construcción del proyecto hidroeléctrico.

En el 2014 el gobierno ordena el desalojo forzado para  la propiedad del señor Manolo Miranda en Kiad, corregimiento de Bagamä, pero la Corte Suprema de Justicia suspende provisionalmente cualquier desalojo sobre la propiedad de este señor. En ese mismo año la corte suprema da respuesta definitiva a acción legal interpuesta por los Ngäbes en el 2010. Esta acción legal está fundamentada en el derecho de la consulta libre previa e informada que no se realizo durante la fase inicial del proyecto pero la corte falló a favor de la empresa Genisa.

A pesar de no tener el apoyo de la corte suprema el pueblo Ngäbe no se rindió y monto un campamento en la zona limítrofe a la espera de la maquinaria que estaba limpiando la zona de embalse. Dicho campamento fue trasladado al mismo proyecto durando 4 meses lo que arrojo una serie de enfrentamientos  donde más de 9 personas resultaron con heridas.

En  julio del 2014 sube al mando de la presidencia Juan Carlos Varela Rodríguez, que en su campaña electoral había firmado un pacto de cancelar el proyecto apenas el subiera a la silla presidencial. En agosto el ministro de gobierno Milton Henríquez,  visita las comunidades y promete establecer un dialogo para dar fin al conflicto  donde estarían participando los afectados,  las autoridades tradicionales y autoridades electas por el pueblo Ngäbe.

La mesa de diálogo se instaura en febrero de 2015, luego de que el gobierno aceptará la condición del pueblo Ngäbe que era suspender el proyecto provisionalmente.  Dicha mesa de diálogo estaba facilitada por el mecanismo de las Naciones Unidas y solo duro hasta junio, donde fue cancelada por los mismos afectados ya que presentaron el compendio de las incompatibilidades y el gobierno no mostraba voluntad en cancelar el proyecto.

Las comunidades junto a sus técnicos demostraron en las diferentes sesiones que el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco había violado las normas panameñas ya que los estudios habían sido deficientes e incompletos. En agosto el gobierno no conforme con los resultado de la mesa decidió seleccionar a otros actores e instalar una nueva mesa de diálogo donde excluyo a los afectados del proyecto hidroeléctrico.

Posterior al fin de la mesa de diálogo donde estaban los afectados, el gobierno procedió a levantar la suspensión provisional para que la empresa GENISA, pudiera terminar la obra que en su momento se encontraba en un 95% de avance, pero es multada por una suma mayor a los 700 mil dólares producto de las irregularidades en el plan de mitigación del impacto ambiental.

El 22 de mayo del 2016 la Autoridad  de Servicios Públicos de Panamá (ASEP), circula un nota de prensa donde indicaba que a partir del 23 de mayo se iniciaba una fase de prueba donde llenarían el embalse hasta la cuota 103 metros sobre el nivel del mar para probar el funcionamiento de la presa lo implicaba desalojar a las comunidades  que  estaban dentro de la zona  del proyecto y ese primer día fueron detenidos más de 15 personas Ngäbes que acampaban dentro y muy cerca del punto de presa.

El gobierno panameño nuevamente  viola los derechos humanos ya que no desalojo de manera legal a las personas afectadas y tampoco respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia, respecto a la suspensión provisional de desalojo del señor Manolo Miranda en Kiad.

Mientras se realizaban las pruebas de embalse el pueblo Ngäbe, se movilizo a lo largo de todo el país generando tensión ya que las vías en muchos momentos fueron cerradas. A lo interno del gobierno mantuvieron el dialogo con líderes Ngäbe que si apoyaban la construcción de proyecto hidroeléctrico; buscando una negociación económica para entonces darle "fin al conflicto".

En agosto el gobierno anuncia firmar un acuerdo con los líderes de la comarca, pero las comunidades afectadas no son tomadas en cuenta durante la confección de los acuerdos lo que convirtió ilegitimo a dicho procedimiento. El 22 de agosto de 2016, el presidente junto a miembros de su gabinete deciden firmar el acuerdo pero las comunidades afectadas ahí presente, terminan lanzando piedras contra el presidente y los lideres que estaban de acuerdo con las peticiones del gobierno.

El gobierno en vista de los sucedido anuncia que el congreso de la comarca Ngäbe Bugle es la única instancia que puede ratificar el acuerdo y el 18 de septiembre el congreso de delegado vota no al acuerdo y adicional piden la destitución de la Cacique General Silvia Carrera, que había firmado el acuerdo con el gobierno el pasado 22 de agosto.

El conflicto se mantiene hasta la fecha y hay una gran incertidumbre a nivel nacional y discusiones en todos los niveles de poder, porque a pesar de estar bajo el agua las comunidad el pueblo se sigue movilizando y manteniendo campamentos en vigilias en diferentes puntos de la geografía panameña. 

Este pueblo se ha caracterizado por una frase que dice: "el pueblo Ngäbe Bugle luchará por siempre"