En los últimos años ha habido un gran auge de la inversión en África, con un fuerte impulso para los oleoductos y gasoductos y otros proyectos de energía e infraestructura en la carrera por el desarrollo económico. Sin embargo, ha habido poca consideración de los impactos ambientales y humanos negativos de estos proyectos a gran escala. Los líderes africanos apoyan la ampliación recomendada para el desarrollo de infraestructuras y, han pedido la creación del Programa para el Desarrollo de la Infraestructura en África (PIDA) como modelo para el continente.
Dado que las políticas y los planes de desarrollo como Kenia Visión 2030, Visión Tanzania 2025 y la Agenda 2063 de la Unión Africana han entrado en vigor, el crecimiento de la asociación público-privada se ha disparado. África se ha abierto para mega proyectos y negocios, llevando a un "neo-código" para los recursos naturales. Se están haciendo grandes acuerdos entre las corporaciones multinacionales y los gobiernos nacionales y, los Pueblos Indígenas están siendo dejados fuera de la conversación. Para que este auge de la inversión sea sostenible e incluyente, debe tener en cuenta los derechos humanos y los temas ambientales, así como el uso consuetudinario de la tierra y los derechos de los pueblos indígenas. Esto, en gran medida, no se ha hecho.
La expansión de oleoductos y gasoductos en la región está teniendo impactos perjudiciales en las comunidades indígenas. Proyectos como el de Lamu Port-South Sudan-Etiopia-Corredor de Transporte (LAPSSET), el de Energía Eólica del Lago Turkana, el de geotérmico KenGen en Naivasha y las presas Gibe en Etiopía colocan a los Pueblos Indígenas en riesgo por varias razones, y sus voces y derechos no se respetan a medida que avanzan. En la mayoría de los casos, la tierra donde se llevan a cabo estos proyectos ha pertenecido tradicionalmente a Pueblos Indígenas, los que ahora están siendo forzados a abandonar sus tierras y sufren la disminución o destrucción de sus recursos, el acceso reducido a pastizales, la falta de acceso a agua potable, la destrucción de áreas sagradas y otras violaciones a sus derechos. Los indígenas continúan careciendo de una compensación significativa y las compañías detrás de estos proyectos no comparten los beneficios igualmente con los pueblos indígenas que han desplazado.
El proyecto portuario de Lamu es un proyecto emblemático de África Oriental, destinado a proporcionar infraestructura de transporte, logística y transporte de petróleo entre los países de África Oriental de Kenia, Etiopía y Sudán del Sur, con una población de 160 millones de habitantes. Dos oleoductos transportarán aceite crudo y refinado en toda la región. Este mega proyecto atravesará innumerables comunidades indígenas, no sólo forzando a dichos Pueblos a salir de sus tierras sin compensación o su Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC), sino empujándolos aún más hacia las áreas marginadas. Las voces indígenas no han sido escuchadas y los esfuerzos que ha hecho el gobierno de Kenia, para abordar las preocupaciones relacionadas con la tenencia de la tierra y la gestión de conflictos, se ven interrumpidos por la corrupción y las políticas que desautorizan los derechos e intereses indígenas.
Pie de foto: Los Samburu de Kenia muestran solidaridad con #NODAPL mientras enfrentan un masivo proyecto industrial en sus territorios. LAPSSET contempla la construcción de dos oleoductos, una carretera y una vía de tren, una represa, tres aeropuertos internacionales, tres ciudades turísticas y un puerto. Foto por Julia Cumes/Samburu Watch.
El condado de Lamu en Kenia, un área crucial para el proyecto, es el hogar de los pueblos Bajun, Sanye, Orma, Awer, Mji Kenda, Pokomo, Somalí y Kikuyu, entre otros. Pueblos como el Awer han habitado estas áreas durante siglos, y ahora están siendo expulsados de sus tierras sin procesos de CLPI y sin compartir ninguno de los beneficios. El proyecto también amenaza a los condados de Tana River y Garissa que son el hogar de las comunidades pastoriles de Orma, Wardei, Munyoyaya y Somalí de Sanye y de los cazadores-recolectores de Awer, mientras que el condado de Isiolo está habitado por los pueblos de Borana, Samburu, Turkana, Somali y Meru.
Otras preocupaciones incluyen la falta de evaluación de impacto ambiental, la falta de información disponible sobre el proyecto, las amenazas a los medios de vida tradicionales, una amenaza al Patrimonio Mundial de la Isla de Lamu, la falta de mecanismos claros de distribución de beneficios y el no reconocimiento de los derechos individuales y comunitarios a la tierra. Aunque el gobierno de Kenia ha formado un comité coordinador central encargado de asegurar que las preocupaciones que están siendo planteadas por las comunidades afectadas sean abordadas, incluyendo las cuestiones de tenencia de la tierra, hasta el momento no se han celebrado reuniones a nivel comunitario.
Uno de los proyectos que preocupan a muchos es la construcción de una megapresa en Laikipia a lo largo del río Ewuaso Ngiro. La presa suministrará agua a una de las ciudades turísticas propuestas a lo largo del corredor Lamu, en el condado de Isiolo. El gobierno no ha revelado cuántas personas serán desplazadas por la represa y la ciudad propuesta, ni ha comprometido a nadie sobre la reubicación y la compensación de la tierra. La represa del río, que es la única fuente de agua para miles de pastores en la región semiárida, tendrá repercusiones de gran alcance en los medios de subsistencia de muchos, incluyendo la vida silvestre.
Con el apoyo del Banco Mundial, Kenia también ha participado en una extensa extracción geotérmica en el territorio Maasai. Los proyectos que se han implementado han planteado preocupaciones importantes por la falta de protocolos adecuados para la participación de la comunidad, compensación irregular y sesgada para las comunidades y, expulsiones forzadas de las comunidades locales que viven en los sitios del proyecto. Estas cuestiones se han confirmado mediante un informe inicial de investigación del Panel de Inspección del Banco Mundial, que visitó el área general para validar las quejas presentadas por la comunidad Maasai. Según un líder de la comunidad en Longonot, Kenia, "Esta compañía ha sido una amenaza para nuestra existencia. Hemos experimentado desalojos, amenazas, pérdida de tierras y otras violaciones de los derechos humanos. Ahora, sus actividades destruyen nuestro sustento. Esto genera un flujo continuo de lodo en un valle que es la única fuente de agua tanto para humanos como para ganado”.
La comunidad ha probado su agua, que se ha convertido en un lodo negro apestoso, y encontró que los niveles de demanda de oxígeno bioquímico suspendido están por encima de los estándares de gestión ambiental nacional para la descarga de afluentes en un ambiente particular. El agua contaminada se ha asociado con la muerte de varios animales, que son la principal fuente del sustento de la comunidad local Maasai. En Naivasha, un niño Maasai se ahogó en uno de los estanques de desecho de aguas residuales industriales que quedó desprotegido. Los Maasai están pidiendo que se observen protocolos de salvaguardia antes de que se haga cualquier financiamiento para tales proyectos. Los protocolos son igual de urgentes que la participación auténtica enfocada a propuestas que garanticen el sustento sostenible de las personas afectadas. La energía geotérmica es energía limpia, pero la realidad es que las tuberías estallan, el agua caliente se está derramando en las aldeas, y los niños juegan alrededor de las tuberías calientes y se están lastimando. Las comunidades han sido expulsadas con poca o ninguna compensación.
La mayor inversión privada de Kenia hasta la fecha es el proyecto de energía eólica del Lago Turkana, que consta de 365 aerogeneradores que cubren 40.000 acres de tierra en el norte de Kenia, la cual fue otorgada sin consulta pública y sin obtener FPIC de los Pueblos Indígenas en la zona. En 2006, un consorcio formado por cuatro empresas privadas y tres fondos estatales de desarrollo arregló el arriendo de 150.000 acres adicionales de tierra y el reasentamiento de un pequeño pueblo. Según el consorcio, los únicos Pueblos Indígenas en el área del proyecto son los pueblos de El Molo. Las otras tres tribus locales, Rendille, Samburu y Turkana, no son reconocidas por el consorcio como indígenas, a pesar de que son reconocidas por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Hay un caso judicial pendiente sobre la adquisición ilegal de tierras, pero la construcción se ha llevado a cabo a pesar de la oposición local.
Varias organizaciones, empresarios, conservadores de vida silvestre y propietarios de tierras en la región de Samburu, como IMPACT, Samburu Women's Trust, la Red de Desarrollo Pastoralista Kenia, Save Lamu y Amigos del Lago Turkana se están movilizando para contrarrestar el impacto del proyecto Lamu en sus comunidades. El condado de Turkana ha protestado ante las pruebas iniciales de Tullow Petrol y está exigiendo la distribución de beneficios y la compensación. En Sarima, también se han producido protestas con respecto al Proyecto Eólico del Lago Turkana. En un proceso judicial en proceso en Meru, se emitió una orden judicial sobre la construcción de las seis últimas turbinas. Armados con conocimiento sobre las evaluaciones de impacto ambiental y Consentimiento Libre, Previo e Informado, los pueblos indígenas están exigiendo sus derechos.
-Agnes Leina (Maasai) es directora ejecutiva de Illaramatak Community Concerns en Kenia y coordinadora regional de mujeres del Comité Coordinador de Pueblos Indígenas en África.
