In Memoriam: Recordando a 46 defensores Indígenas asesinados en 2025 en América Latina

Vicente Fernandes Vilhalva (Guaraní-Kaiowá) de 36 años fue asesinado a manos de sicarios por un disparo el 16 de noviembre de 2025. Su asesinato tuvo lugar en la Tierra Indígena Iguatemipeguá I, en el municipio de Iguatemi (Mato Grosso del Sur), en los territorios retomados* reconocidos como Pyelito Kue. No es la primera vez que esta comunidad sufre ataques por parte de milicias agrícolas.

La comunidad había intensificado su retomada en los días anteriores al asesinato con la intención de frenar el uso de agrotóxicos que están causando problemas de salud e inseguridad alimentaria en la zona. Con motivo de su recuperación territorial, 20 sicarios llegaron a la comunidad atacándola en un episodio que, además del asesinato de Vicente Fernandes Vilhalva, terminó con otras cuatro personas heridas.

La organización Aty Guasu de pueblos Guaraní y Kaiowá expresó su repudio ante este crimen: “Nuestra lucha es por la tierra, por la vida y por el Tekoha* Guasu. No aceptamos seguir siendo tratados como invasores en nuestras propias tierras.”

La Fundación Nacional de Pueblos Indígenas (FUNAI) exigió que se realizara una investigación rigurosa sobre el asesinato con el objetivo de hacer frente a los sicarios que actúan en esta región.

*Retomada: significa la recuperación de los territorios tradicionales Indígenas y de su cultura por parte de las generaciones Indígenas más jóvenes. Buscan recoger el conocimiento de sus mayores para volver a conectarse con su historia y cultura, reafirmando su identidad y evitando así la desaparición.

*Tekoha: concepto guaraní que quiere decir “el lugar de donde somos”. No expresa sólo un lugar físico como el territorio sino también una identidad de pueblo y una forma de vivir.

Francisco Marupa (Leco) era un líder reconocido por su trayectoria de defensa del territorio perteneciente al Parque Nacional Madidi, área protegida ubicada en el noroeste de Bolivia y reconocido como el lugar con mayor biodiversidad del mundo. El Parque es además hogar y territorio ancestral de unas 60 comunidades Indígenas y campesinas.

Francisco tenía 66 años y 6 hijos. Formaba parte de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA) y su comunidad Indígena Torewa forma parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Leco de Apolo, un modelo de titulación de tierras Indígenas que comenzó en los noventa y aún enfrenta desafíos. Franciso Marupa había sido vocal en contra de las amenazas en su territorio causadas por la minería ilegal, la tala de árboles y el tráfico de tierras. Por esta defensa territorial fue asesinado el 11 de febrero de 2025 en su propia casa. El ministro de gobierno trató de hacerlo pasar como una disputa personal, sin embargo una diversidad de organizaciones nacionales y regionales exigieron justicia por el asesinato de Francisco, reconociendo su riesgo como defensor territorial.

El caso de Francisco en su defensa por un Parque Nacional no es único en Bolivia, donde varios parques se encuentran amenazados por minería, tala de árboles o establecimiento de proyectos de infraestructura como carreteras a pesar de ser lugares protegidos y habitados por Pueblos Indígenas, quienes tienen derecho a dar o negar su Consentimiento Libre, Previo e Informado sobre decisiones en los territorios que habitan. El gobierno de Bolivia ha generado históricamente divisiones entre las propias comunidades Indígenas que habitan estos territorios, creando dirigencias paralelas a quienes se enfrentan a sus proyectos extractivistas.

La Unión Europea en Bolivia hizo un comunicado lamentando el asesinato de Francisco Marupa y haciendo un llamamiento a que se pueda esclarecer a los responsables con el objetivo de garantizar la protección del pueblo Leco. A pesar de expresar su compromiso con la lucha contra la deforestación y la promoción de los Derechos Humanos en Bolivia, la misma Unión Europea está enfrentando dificultades para aprobar normativas vinculantes que garanticen el respeto por los derechos de los Pueblos Indígenas por parte de empresas europeas operando en otros países.

Adán Enevia Dovigama (Embera), de 73 años, salió de su casa ubicada en la comunidad Bajo Humacas del Resguardo Unificado Embera Chamí, Risaralda, el 5 de enero cuando recibió un disparo que terminó con su vida. Aún no hay responsables de su asesinato.

Varios grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, operan en la región donde Adán Enevia fue asesinado. Estos grupos ejercen una constante amenaza contra líderes Indígenas por el control del territorio que en algunos casos resulta incluso en el asesinato de autoridades o referentes comunitarios.

El liderazgo de Adán Enevia en su comunidad será un legado para la resistencia y la reivindicación de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.

Jose Albeiro Liz Muchicon (Nasa) fue asesinado el 27 de enero a manos de desconocidos que ingresaron a su parcela. Jose Albeiro habitaba en el territorio U’sxa Guyumús del pueblo Nasa de Tierradentro, Cauca, donde desempeñaba un rol de médico tradicional y sabedor ancestral.

Esta región sufre de niveles de violencia altísimos debido a una violencia sistemática ejercida por parte de disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en contra de la Guardia Indígena por el control territorial. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció que algunos de los grupos responsables son el Bloque Occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central de las disidencias de Ivan Lozada o Mordisco y las estructuras Dagoberto Ramos y Jaime Martinez. El CRIC exigió acciones urgentes por el asesinato de Jose Albeiro Liz Muchicon y expresó: “Condenamos enfáticamente el asesinato del mayor sabedor Albeiro Liz en el territorio U’sxa Guyumus (Togoima) en Páez. ¡Exigimos respeto por la vida!”

La Unión Europea también expresó su preocupación por la violencia en varias regiones del país, incluyendo el municipio de Inzá, donde tuvo lugar el asesinato de Jose Albeiro Liz Muchicon. La misma noche en la que Jose Albeiro fue asesinado, Camilo Pardo, otro Guardia Indígena del municipio de Inzá, fue secuestrado y torturado.

El legado de Jose Albeiro en temas de autonomía territorial y salud comunitaria permanecerá a pesar del vacío que su liderazgo espiritual deja en la comunidad.

James Tomás Guanga Quelal (Awá), de tan sólo 25 años, estaba viajando en su motocicleta junto con su esposa en Ricaurte, Nariño, el 2 de febrero cuando fue atacado por hombres que dispararon terminando con su vida e hiriendo gravemente a su esposa.

James Tomás era un líder juvenil reconocido en su Resguardo Pialapí Pueblo Viejo y miembro de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Cabildo Mayor Awá Camawari. Además, recientemente trabajaba en la alcaldía de Ricaurte. Su padre sospecha que su asesinato fue debido a disputas políticas ya que se acercaban las elecciones para nuevo gobernador de la organización a la que pertenecía. La situación de violencia que enfrentan las comunidades Indígenas en Ricaurte impulsó que haya habido varias protestas sociales exigiendo reparaciones para las víctimas.

La organización Indígena Camawari expresó su profundo rechazo a las amenazas y asesinatos que sufre el pueblo Awá y exigió el esclarecimiento del asesinato de James Tomás Guanga expresando: “Reafírmanos el camino de unidad, armonía, diálogo y resistencia de las comunidades indígenas, donde los actores siguen fallando a su palabra de dialogo y paz”.

Leonairo Samir Montero Paz (Nasa) se desempeñaba como gobernador del cabildo Nasa de Kwe’sx Tata Wala, Puerto Asís, Putumayo, y era por tanto un líder reconocido de la región y padre de tres hijos. El 9 de febrero fue asesinado por un desconocido que le esperaba en su finca, incidente en el cual su esposa también fue gravemente herida.

En la zona operan varios grupos criminales que siembran la inseguridad y violencia en las comunidades Indígenas. En este caso, el presunto responsable es un miembro de los Comandos de la Frontera, una alianza entre disidencias de las FARC y otro grupo criminal que controla parte del tráfico de drogas desde Putumayo hacia Ecuador y Brasil. Este grupo se encuentra en conflicto con otras disidencias de las FARC, generando un clima de violencia generalizado en la región por la disputa por rutas de narcotráfico.

Algunas comunidades de Putumayo ya han expresado su preocupación por la situación de violencia: “Urge que los Ministerios de Defensa, Interior, Ambiente, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y la Unidad de Atención a las Víctimas asuman con decisión y eficiencia la política de protección y atención a las comunidades en el Putumayo”.

Alberto Quitumbo Yatacue (Nasa), de 41 años, fue asesinado el 10 de febrero en la vereda La Palma, en la zona rural de Toribío por hombres armados pertenecientes al Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC) que le dispararon. Alberto pertenecía a la Guardia Indígena del Resguardo de Toribío y ya había recibido otros ataques y amenazas con anterioridad.

Toribío es una región afectada por las disputas territoriales entre varios grupos de disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 57 Yair Bermúdez. Varios líderes y lideresas del Resguardo de Toribío habían sufrido amenazas directas (con nombre y apellidos) por parte de la Columna Móvil Dagoberto Ramos si se seguían interponiendo en sus actividades de control de territorio en contra de los grupos opositores.

El CRIC expresó: “El asesinato de Alberto Quitumbo se suma al exterminio en curso que los violentos ejercen contra la guardia indígena en el departamento del Cauca y especialmente en el norte del Cauca. Denunciamos una vez más este exterminio ante la historia.”

Jacinto Chocue (Nasa) fue asesinado el 18 de febrero por disparo de arma de fuego en la vereda San Vicente, Páez, Cauca. Jacinto era mayor del pueblo Nasa y cumplía con un rol de sabedor ancestral. Habitaba el territorio ancestral de U’sxa Guyumus o Togoima.

En palabras del director de la Unidad de Restitución de Tierras, quien denunció el asesinado de Jacinto Chocue: “Jacinto no solo era un líder, sino un guardián del saber ancestral, un puente entre el pasado y el presente que transmitía la memoria de su pueblo. Con su muerte no solo se apagó una vida, sino que intentan silenciar la resistencia y el conocimiento milenario de la comunidad Nasa. No podemos permitir que la violencia borre la lucha de los pueblos indígenas por su territorio, su cultura, su historia y su cosmovisión”.

El CRIC también expresó su rechazo ante este asesinato alegando que este tipo de violencia causa una desarmonización con el territorio ya que son las personas con el tipo de roles que tenía Jacinto quienes lo armonizan. Además denunciaron que el 28 de enero había sido asesinado otro comunero en la región (Rodrigo Astudillo) y otra comunera había sufrido un intento de estrangulamiento el 18 de febrero.

Celimo Chilivico Hurtado (Wounaan) era miembro de la comunidad Chagpien Medio, Chocó, y se desempeñaba como médico tradicional de su pueblo. Había salido de su comunidad a buscar a su hija, la cual había sido reclutada por el Ejército de Liberación Nacional. El cuerpo de Celimo fue encontrado por compañeros de la Guardia Indígena del Resguardo Santa María de Pángala unos días más tarde, el 20 de febrero de 2025.

La Organización de la Nación Wounaan de Colombia exigió a la Fiscalía General de la Nación el esclarecimiento de los hechos y a los actores armados que operan en la zona el respeto por los derechos de las comunidades Indígenas que las habitan.

Edgar Tumiñá Gembuel (Nasa), de 48 años, fue asesinado a disparos el 1 de marzo. Edgar era un líder comunitario de la vereda Pueblo Viejo en Toribío, Cauca, y además, se desempeñaba como Kiwe Thegna (Guardia Indígena) del resguardo en el Plan de Vida Proyecto Nasa. Era un referente en la defensa territorial y cultural para su pueblo y un líder muy querido en su comunidad donde animaba a jóvenes a participar con alegría en la defensa del territorio.

Lamentablemente, Edgar Tumiñá ya había recibido amenazas por parte del crimen organizado que opera en la región, en concreto del Frente Dagoberto Ramos y su hermano también había sido asesinado por las FARC en el 2014.

En un comunicado, el CRIC denunció que grupos de las disidencias tienen “un plan de exterminio físico directo contra la Guardia Indígena, con su estrategia psicópata de señalar falsamente a integrantes de la Guardia como colaboradores de otros grupos armados para justificar los asesinatos y masacres” y que “Como Guardia Indígena NO reconocemos a estos criminales como revolucionarios, debido a sus prácticas paramilitares y terroristas”.

Hacía menos de un mes Alberto Quitumbo también había sido asesinado en el mismo Resguardo Indígena Nasa de Toribío.

Cristian Fernando Guanga (Awá), de tan sólo 24 años, fue asesinado el 9 de marzo en Tumaco, Nariño, por hombres armados quienes le estaban esperando y dispararon. Era un líder Indígena del Resguardo Indígena Piguambi Palangala, del cual había sido gobernador suplente y además era Guardia Indígena.

Frente a esta violencia generalizada en el Resguardo, la Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA expresó haber solicitado “de manera reiterada acompañamiento a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías - DAIRM del Ministerio del Interior, así como a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Tumaco, debido a la constante situación de riesgo que enfrentan nuestros líderes y la comunidad Awá”.

En la zona operan varios grupos paramilitares (como Los Rastrojos o el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Ejército Gaitanista de Colombia) y disidencias de las FARC y el ELN, las Autoridades Indígenas del Pueblo Awá asocian este y otros incidentes de violencia al conflicto entre estos grupos.

Como en muchos casos de asesinatos en contra de defensorxs, Cristian ya había denunciado amenazas en su contra pero las medidas de protección que tenía fueron claramente deficientes para el nivel de riesgo que sufría.

Diandra Natalia Zamora (Siriano) tenía tan solo 24 años cuando fue asesinada el 16 de marzo en Miraflores, Guaviare. Diandra era una lideresa juvenil muy reconocida entre su pueblo y habitaba el Resguardo Tucán de Caño Giriza. Además de su rol con las juventudes también era coordinadora de mujer y familia de ASATRIMIG, la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Miraflores Guaviare.

En la zona donde vivía operan grupos pertenecientes a las disidencias de las FARC, en concreto el Frente primero Armando Ríos del Bloque Suroriental. Se sabe que Diandra Natalia se movilizaba con parte de su familia en un vehículo cuando fue interceptada por hombres que se identificaron como parte de este grupo armado, quienes según la comunidad cometieron su asesinato.

La Defensoría del Pueblo ya había emitido una Alerta Temprana debido al riesgo que corren las personas defensoras en el municipio de Miraflores.

Wilmer Soltarte Pascal (Awá) fue asesinado el 24 de marzo de 2025 en el municipio de San Miguel, departamento de Putumayo, Colombia. Wilmer era una persona Indígena reconocida en su comunidad y realizaba labores vinculadas al transporte local, una actividad fundamental para la vida cotidiana y la movilidad en zonas rurales.

Su asesinato ocurrió en un contexto de alta presencia de actores armados ilegales y control territorial por parte de estructuras criminales que operan en el sur del país. Putumayo continúa siendo uno de los departamentos más peligrosos para la población civil y para las comunidades Indígenas que habitan el territorio.

Aunque Wilmer no ejercía un cargo formal de liderazgo, su muerte evidencia cómo la violencia no afecta únicamente a autoridades visibles, sino también a personas que sostienen el tejido comunitario desde labores esenciales.

La muerte de Wilmer Soltarte Pascal generó consternación entre sus familiares y personas cercanas, y se suma a la alarmante situación de violencia que enfrentan las comunidades Indígenas en Putumayo.

Manuel Betancur, autoridad Indígena del pueblo Quillasinga, fue asesinado el 12 de abril de 2025 en el municipio de Yacuanquer, departamento de Nariño, Colombia. Se desempeñaba como vicegobernador Indígena y era reconocido por su compromiso con la defensa del territorio y los derechos colectivos de su pueblo.

El crimen ocurrió en una región marcada por la violencia armada y la presencia de grupos ilegales, que continúan poniendo en riesgo a las autoridades Indígenas y a las comunidades que ejercen formas propias de gobierno.

De acuerdo con organizaciones sociales y medios de comunicación, Manuel Betancur era una figura respetada dentro de su comunidad por su liderazgo y su trabajo organizativo. Su asesinato dejó un profundo vacío político, organizativo y espiritual en el pueblo Quillasinga.

Erik Anderson Menza Pavi, de 32 años, perteneciente al pueblo Nasa, fue asesinado el 12 de abril de 2025 en el municipio de Toribío, en el norte del departamento del Cauca, Colombia. Erik ejercía como Khabuwe’sx, una autoridad comunitaria encargada de la protección del territorio, la vida colectiva y el equilibrio espiritual dentro de la comunidad.

El asesinato ocurrió en una región históricamente afectada por el control territorial de grupos armados ilegales que ejercen una presión constante sobre las comunidades Indígenas y sus autoridades tradicionales.

Según organizaciones Indígenas del norte del Cauca, este crimen constituye un ataque directo contra la autonomía y las formas propias de organización del Pueblo Nasa. Autoridades Indígenas y organismos de derechos humanos denunciaron que este asesinato se suma a un patrón sistemático de violencia contra el pueblo Nasa.

Ester Julia Camayo, mujer Indígena y comunera del resguardo Indígena La Concepción, fue asesinada el 16 de abril de 2025 en el sector de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao, en el norte del departamento del Cauca, Colombia. Ester Julia era productora de café y sostenía a su familia a través del trabajo agrícola.

El asesinato ocurrió durante un ataque con explosivos en una región marcada por la persistente violencia armada y la presencia de distintos grupos ilegales.

Ester Julia Camayo representaba el liderazgo cotidiano y muchas veces invisibilizado de las mujeres Indígenas rurales. Su muerte dejó un vacío irreparable en su comunidad y refuerza los llamados a garantizar la vida y la seguridad de las mujeres Indígenas.

Teófilo González Coqui (Nasa) fue asesinado a disparos el 10 de mayo por atacantes desconocidos en el Cabildo Indígena del Territorio de La Gaitana, municipio de Inzá, Cauca. Teófilo era un reconocido líder de este Cabildo y mayor espiritual del mismo.

Al igual que en el caso de otros muchos asesinatos de personas defensoras Indígenas, este crimen se da en una región con un fuerte control territorial por parte de disidencias y grupos criminales tales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental o Jacobo Arenas, que ejercen una constante amenaza hacia las comunidades Indígenas que lo habitan de manera pacífica.

Según otros líderes Indígenas de la zona, “González Coqui era una figura respetada por su liderazgo, su sabiduría ancestral y su compromiso con la protección del territorio. Su asesinato ha generado una ola de indignación y profunda tristeza en las comunidades indígenas del oriente caucano, que denuncian una vez más la sistemática violencia que enfrentan sus autoridades y mayores espirituales.”

Luis Aurelio Araujo Hernández (Awá) fue asesinado el 3 de junio cuando se movilizaba en un vehículo ofrecido por la Unidad de Protección Nacional (UPN) que supuestamente garantizaría la seguridad del líder. En el ataque, desconocidos dispararon asesinando tanto a Luis Aurelio como a sus dos escoltas, Jesús Albeiro Chávez y Jackson Solarte, incinerando posteriormente la camioneta y los cuerpos.

Luis Aurelio Araujo Hernández era el coordinador del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte Camawari, Nariño, el cual integra diez resguardos Indígenas. Según organizaciones de la sociedad civil, Luis Aurelio no era sólo el coordinador del Cabildo sino que “Era la palabra firme de su pueblo, el bastón que guiaba caminos, el cuidador de la montaña y de la memoria”.

Desde el Ministerio de Interior instaron a “a las autoridades judiciales y de policía para dar con los responsables de estos hechos, con el fin de que sean sancionados y castigados”. El asesinato de Luis Aurelio ejemplifica como a menudo, a pesar de contar con esquemas de seguridad, estos mecanismos aún tienen deficiencias para evitar el asesinato de personas defensoras.

Juan Camilo Espinosa Vanegas, de 32 años, era un reconocido líder social y concejal de San Andrés de Cuerquía, Antioquia, por parte del partido Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). El 16 de junio fue asesinado a plena luz del día cuando se encontraba en el centro de San Andrés de Cuerquía. Juan Camilo Espinosa se desplazaba en silla de ruedas debido a su movilidad reducida. Según las autoridades, el responsable es un joven de 17 años perteneciente al Frente 36 del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBC).

Juan Camilo había sido muy activo en la promoción de políticas de inclusión en el municipio así como de protección para las comunidades más vulnerables y era por ello conocido en la comunidad.

La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana (AT 011/21), mecanismo para situaciones de riesgo inminente, incluyendo a San Andrés de Cuerquía. Estos hechos ponen de manifiesto el nivel de violencia que se está viviendo en ciertas regiones donde los asesinatos sistemáticos de defensorxs, presencia de grupos armados y reclutamiento de menores para este tipo de crímenes suponen ataques constantes a la estabilidad de las comunidades Indígenas.

Iván Darío Álvarez Causil del Pueblo Zenú era un jóven líder de la comunidad El Polvillo, en el municipio de San Pedro de Urabá. Fue asesinado el 5 de junio en la vereda La Florida, Anorí, al norte de Antioquia mientras desempeñaba labores de construcción en una escuela Indígena. Aunque se desconoce a los responsables del altercado, varios testigos señalaron que sujetos armados ingresaron al lugar y se llevaron a la fuerza a Causil y a otros cuatro trabajadores. Posteriormente liberaron a la mayoría, dejando como única víctima a Causil.

Jaimé Andrés Rivera Donado, Cacique Mayor del resguardo Indígena Río Alto San Juan de San Pedro de Urabá, comentó que el fallecido no había recibido amenazas previas, y que se cree que los grupos armados operando en el lugar de los hechos pudieron haber malinterpretado la regularidad con la que Iván ingresaba al resguardo para visitar a su pareja sentimental, razón por la cual habría sido asesinado.

La Defensoría del Pueblo ha advertido que esta es una zona de riesgo debido a enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC-EP contra el Clan del Golfo/EGC, denunciando un riesgo latente de la vulneración de derechos humanos ante la imposición de diversas formas de control social por dichos actores ilícitos.

Por su parte, Gustavo Alfredo Silva, el alcalde de Anorí, denunció el miedo y el desconsuelo de la población ante la falta de seguridad pública en el territorio, así como el abandono de las autoridades nacionales frente a las denuncias de asesinatos y desplazamientos de personas hacia otras zonas a causa de la disputa de los grupos armados por el territorio.

Familiares y miembros de la comunidad de Causil siempre lo recordarán por haber servido a su comunidad en vida, y por su lucha por la garantía del derecho a la educación para los Pueblos Indígenas. Este asesinato no es un hecho aislado, visibiliza la violencia sistemática que grupos armados ejercen en contra de Pueblos Indígenas que habitan y son guardianes de los territorios disputados desde mucho antes de la llegada de estos actores ilícitos.

William Gaitán fue un líder Indígena del pueblo Sikuani, y antes de su asesinato se desempeñaba como gerente de la IPS (institución prestadora de salud) Indígena Matsuludani del resguardo Domo Planas del municipio de Puerto Gaitán, Meta. Anteriormente había ocupado otros cargos políticos en los que luchaba por el acceso a la salud en su comunidad, y que lo llevaron a ser un reconocido y respetado líder.

Según se reporta, el 13 de julio Gaitán viajaba por vía terrestre por las inmediaciones del río Muco, sector de La Cristalina en Puerto Gaitán junto con tres familiares, cuando dos personas armadas que viajaban en moto le dispararon varias veces a su vehículo, cobrando su vida e hiriendo a su hijo.

La Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denunció el altercado como una grave violación a los derechos humanos y un ataque directo a lxs defensorxs del territorio. Señalaron que el suceso forma parte de la violencia sistemática que viven los Pueblos Indígenas en Colombia, e hicieron un llamado a los actores armados a cesar los ataques hacia los Pueblos Indígenas, y a las autoridades a garantizar la justicia para la víctima y sus familiares ante la impunidad de siempre.

A su vez, varias entidades del gobierno nacional y estatal reconocieron el legado de William por su trabajo por el acceso digno a la salud y con enfoque intercultural de los Pueblos Indígenas, e instaron a las autoridades judiciales a esclarecer lo ocurrido y encontrar a los responsables.

Florilba Ramos y Ferney Elago Caviche (Nasa) eran una pareja con un fuerte compromiso social y de gran liderazgo en su comunidad. Ambos fueron asesinados a tiros en su propia casa en la vereda Valle Nuevo, en Silvia, Cauca, la noche del 14 de julio por hombres armados que huyeron. Como en otros municipios del Cauca, en Silvia hay presencia de disidencias de las FARC, de el ELN y de otros grupos criminales.

Tanto Florilba como Ferney eran firmantes de paz (personas que participaron en el Acuerdo de Paz entre las guerrillas y el gobierno de Colombia en 2016) y participaban en la Cooperativa Multiactiva Ecomún Esperanza del Pueblo (COOMEEP), organización que apoya la reinserción de firmantes de paz para fortalecer el tejido social y económico de las comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado en Colombia. Florilba y Ferney hacían parte de un proyecto dedicado al cultivo de aguacate hass de manera colectiva.

Desde 2016 han sido asesinadxs 472 firmantes de paz, 28 de ellxs en 2025. La Corporación Plataforma de Organizaciones Comunitarias del Cauca (POCC) emitió un comunicado rechazando el crimen y exigiendo al Estado garantía para proteger a quienes defienden el territorio.

El legado de Florilba y Ferney en la construcción de paz en la región a través de su convicción en procesos colectivos y de generación de espacios de esperanza, se mantendrá vivo a pesar de la violencia que terminó con sus vidas.

La Mayora Aída Damaris Flor Camayo (Nasa) fue asesinada el 18 de julio a disparos en su propia casa. Aída Damaris era lideresa del resguardo de Honduras, en el municipio de Morales, Cauca, además de integrante de la Guardia Indígena. Unas semanas antes del asesinato de Aída Damaris, otras dos mujeres (Edilma Cruz y Celmira Camayo) fueron asesinadas en el mismo municipio.

Líderes del municipio confirmaron que los propios comuneros habían encontrado al responsable del asesinato de Aída, quien sería juzgado en audiencia comunitaria. No existen más noticias públicas sobre el veredicto. Desde Mujeres CRIC expresaron la necesidad de generar espacios donde las mujeres Indígenas puedan vivir libres y seguras.

El Resguardo Indígena Honduras rechazó el asesinato de Aída Damaris Flor y alertó sobre los otros feminicidios sufridos en su territorio y reiteraron que “los feminicidios representan la forma más extrema de vulneración de los derechos de una mujer, por lo tanto, hacemos un llamado a las Autoridades Indígenas a nivel regional que nos ayuden a consolidar estrategias y mecanismos que garanticen nuestra convivencia y armonía en los Territorios Ancestrales”.

Marcos Yonda (Nasa) era un mayor Indígena y líder espiritual perteneciente al territorio de Talaga. Fue asesinado el 21 de julio en su casa en el municipio de Páez, Cauca.

Marcos tenía un rol muy importante en su comunidad como sabedor ancestral y era por tanto un guía y fuente de orientación en muchos sentidos para su pueblo. Este tipo de asesinatos a líderes espirituales, además de terminar con la vida individual de una persona, afectan a la transmisión de conocimientos y la identidad de todo un pueblo que se queda sin sus referentes para enseñar el equilibrio con la naturaleza y en la vida comunitaria. En palabras de los propios comuneros, "Atentar contra un mayor espiritual es herir el corazón mismo del territorio".

El CRIC también expresó su duelo por este asesinato recordando que estos ataques son de especial relevancia en generar temor al resto de comunidades y perturbar la armonía de los territorios.

Fernanda, mujer Emberá Katío trans, era una reconocida líder social del municipio de Dabeiba, Antioquia. Ella fue la primera jefa del cuerpo de bomberos voluntarios de este municipio. Penosamente, el 25 de julio fue asesinada. Conforme fuentes periodísticas, su cuerpo fue hallado a orillas de una quebrada. Sin embargo, a la fecha aún no han sido esclarecidos los hechos del caso.

Fernanda era una persona muy querida y reconocida por toda la comuna debido a su compromiso en la defensa de los derechos humanos y de las diversidades en contextos comunitarios. La alcaldía de Dabeiba la recordó como un "símbolo de valentía, dignidad y servicio a la comunidad".

Las organizaciones sociales del municipio expresaron: “Fernanda vivió resistiendo: frente al rechazo, la discriminación y el olvido. Su existencia fue un acto de valentía en un territorio que aún teme a la diversidad. A pesar de todo, alzó su voz, lideró procesos, salvó vidas y nunca dejó de luchar por un mundo más justo”. Ni su legado, ni su lucha serán olvidados.

El 11 de agosto fue asesinado Yeison Aizama Variaza (Embera), miembro de la Guardia Indígena del Resguardo DAI UMADAMIA ubicado en el municipio de El Dovio, en el Valle del Cauca.

Las autoridades de la Nación Embera del Valle del Cauca comentaron que encontraron a Yeison abandonado en una cancha cerca del Resguardo en la vereda La Cabaña. Frente a estos hechos, las organizaciones de base denunciaron y condenaron el asesinato del joven, a la vez que exigieron justicia y esclarecimiento del caso.

En este contexto, la Organización Regional Indígena Valle del Cauca expresó que este hecho no solo enluta a su familia y comunidad, sino a toda la Nación Embera del Valle del Cauca, quienes viven constantemente en diferentes acciones de violencia que colocan en peligro su integridad personal, familiar y colectiva, y que atentan contra la vida y pervivencia de los pueblos.

Asimismo, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazó el asesinato de Yeison y exigió justicia para los Pueblos Indígenas: “Cada una de estas muertes enluta a nuestras comunidades y constituye una grave amenaza para la pervivencia física y cultural de nuestros pueblos (...) ¡Que defender nuestros territorios no nos cueste la vida!”

Héctor González Epieyu era un reconocido líder Wayúu, hermano del exgobernador de La Guajira, Wilmer González Brito. A Héctor se lo reconocía por su compromiso en la defensa de su pueblo y por querer lograr una transición energética justa en los territorios de La Guajira. También fue una personalidad reconocida por las organizaciones y comunidades de bases al haber ocupado el cargo de secretario de Asuntos Indígenas del municipio de Uribia, La Guajira.

El 22 de agosto, a plena luz del día, fue atacado mientras conducía su vehículo cuando salía de su casa. Del relato de los hechos se conoció que dos hombres armados que se movilizaban en una moto, le dispararon con armas de fuego en repetidas ocasiones, provocándole graves heridas. Y aunque lograron trasladar a Héctor a un centro asistencial, ya habría ingresado sin signos vitales según lo indicado en el parte médico.

Líderes Indígenas y autoridades tradicionales Wayúu, así como distintas comunidades y organizaciones de base, manifestaron su rechazo al asesinato de Héctor y expresaron su preocupación por la violencia política y criminal que se vive en Uribia. En los últimos años, han denunciado públicamente la presencia de grupos armados ilegales, enfrentamientos por el control de economías ilícitas y amenazas contra líderes comunitarios e indígenas.

Héctor González Epieyu vivirá por siempre en la memoria activa de la comuna de Uribia, en su familia y allegados, pero sobre todo, en su legado de paz y justicia para los Pueblos Indígenas de la Guajira.

José Adelmo Valencia (Nasa) estaba llegando a su casa en Santander de Quilichao, Cauca, cuando fue atacado por hombres armados. Tras una semana de hospitalización en Cali, falleció el 17 de noviembre. José Adelmo había tenido una variedad de cargos comunitarios incluyendo el liderazgo del territorio Munchique Los Tigres y su participación en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y en el CRIC.

José Adelmo ya había sufrido otro ataque con el objetivo de terminar con su vida. Desde ACIN honraron la larga trayectoria de dedicación comunitaria que tuvo José Adelmo incluyendo el fortalecimiento de los gobiernos propios y de la defensa del territorio, acompañando a diversos líderes y territorios en sus luchas.

Un compañero también líder Indígena con quien había compartido cargos, Ismael Jumbe Yatacué, expresó: “Cómo recordar cuando pasamos duros momentos como jurídicos, aportando en la búsqueda de soluciones a grandes problemas que tuvo el territorio de Munchique Los Tigres. José Adelmo Valencia por siempre, gracias por su aporte a nuestras familias”.

Eduardo Campo (Nasa) fue asesinado el 25 de noviembre mientras regresaba a casa en su motocicleta en el municipio de La Plata, Huila, después de participar en un evento de la Guardia Indígena en el territorio de Mariana Mandiguga. Eduardo formaba parte de la Guardia Indígena.

Desde Indepaz denunciaron que el asesinato de Eduardo Campo sucedió poco después de que el Frente Dagoberto Ramos, a quien el CRIC hace responsable de este crimen, hiciera públicas amenazas en contra de líderes e integrantes de la Guardia Indígena en el Cauca.

Desde el CRIC expresaron que “Su legado queda bajo la protección de los espíritus del territorio, su paso no es un final: es una semilla que fortalece nuestra lucha” y condenaron la persecución sistemática hacia las comunidades Indígenas del Cauca y sus liderazgos.

Niver Membache Piraza (Wounaan), perteneciente a la comunidad de Khirardú y de tan sólo 21 años, fue asesinado el 27 de noviembre en Buenaventura, Valle del Cauca, mientras estaba con su familia. Como muchxs de los defensorxs asesinadxs a lo largo de 2025, Niver formaba parte de la Guardia Indígena y era líder social de su pueblo.

Niver era padre de un bebé de tres meses e hijo de un líder Wounaan. Su familia ya había sufrido con anterioridad las consecuencias de la violencia en la región cuando fueron desplazados de su territorio en 2022. Desde Comunidades Construyendo Paz en Colombia (CONPAZCOL), organización de la cual formaba parte, exigieron investigación urgente por este asesinato y la adopción de medidas de prevención.

La Defensoría del Pueblo ya había emitido una Alerta Temprana debido al riesgo que corren líderes sociales en el municipio de Buenaventura debido a la presencia de grupos armados al margen de la ley. Algunos grupos que operan en la zona son el Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental del autodenominado EMC, el ELN, el Clan del Golfo, Los Shotas y Los Espartanos.

José Miguel Mojica Conchangui (Wiwa) fue asesinado la madrugada del 26 de diciembre en la vereda La Mucura en Riohacha, La Guajira. José Miguel se encontraba celebrando la Navidad con su familia cuando individuos armados le sacaron de su casa y terminaron con su vida a disparos frente a su familia.

José Miguel ejercía un rol de liderazgo en su comunidad y su padre era mamo (líder espiritual) en la comunidad cercana de Siminque. En la zona operan grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y Los Conquistadores de la Sierra, por lo que unos meses atrás la Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta sobre el riesgo para liderazgos de comunidades en esa región.

La organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT) expresó en un comunicado su preocupación “por la crisis humanitaria y el riesgo para las comunidades del pueblo indígena wiwa ubicado en las estribaciones de la sierra nevada santa Marta. En los últimos meses han sucedidos hechos violentos, que afectan la integridad social comunitaria, participativa; del territorio ancestral.”

El 28 de septiembre, cerca de las 6:30 am, fue asesinado el comunero kichwa Efraín Fuerez, en Cotacachi, Imbabura. Efraín tenía 46 años de edad y era padre de dos hijos. Fue la primera víctima fatal en manos de las fuerzas de seguridad ecuatorianas, en el marco del Paro Nacional.

La autopsia médico-legal practicada a Efraín reveló que éste fue impactado por un proyectil de arma de fuego. La Fiscalía investiga de oficio este crimen como un presunto caso de extralimitación en un acto de servicio. Sin embargo, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), organización que representa legalmente a la familia de Efraín, ha realizado las debidas presentaciones para que la causa sea investigada bajo la figura penal de ejecución extrajudicial, ya que fue un delito cometido por parte del Estado.

Tal como se expresara en las calles, “Efraín salió a defender la vida y volvió convertido en símbolo de resistencia”. Siempre estará presente en la memoria activa de un pueblo que lucha ante las injusticias impuestas por el Estado.

El día martes 14 de octubre, la comunidad de Gunudel, Pueblo Kichwa Saraguro, comunicaba el asesinato de Rosa Elena Paqui, quien era madre, comunera y tenía 61 años de edad.

Se ha indicado que el paro cardiorrespiratorio sufrido por Rosa fue producto de la inhalación de gases lacrimógenos usados por las fuerzas de seguridad ecuatorianas para disuadir las protestas y manifestaciones. Penosamente, Rosa fue la segunda muerte registrada en el contexto del Paro Nacional.

Según el parte policial, Rosa fue hallada muerta a un costado de su vivienda, por una de sus vecinas. Aunque no hay claridad de su participación directa en la protesta, su cuerpo fue localizado a 60 metros de distancia del sitio donde se registraron hechos de represión y violencia.

Ante lo acontecido, la CONAIE expresó “exigimos verdad y justicia para Rosa Elena y para todos los luchadores sociales detenidos y caídos en la defensa de los derechos de nuestro pueblo”.

La tercera víctima fatal que se registró durante el Paro Nacional, fue José Alberto Guamán. Él era un joven comunero kichwa de 30 años de edad, padre de dos niños, integrante de la comunidad de Cachiviro, en Otavalo, Imbabura.

José Guamán fue asesinado el miércoles 15 de octubre, tras recibir un impacto de proyectil en el marco de las manifestaciones en Imbabura. A pesar de que fue trasladado al hospital local de emergencia y, por la gravedad de sus heridas, posteriormente a un hospital en Quito, el “Ñoño” (como lo llamaban sus allegados y amistades) falleció horas después de llegar a la capital.

La comunidad de Cachiviro expresó en su despedida: “Nunca lo vamos a olvidar, siempre lo llevaremos en nuestras mentes y corazones. Esta muerte no es en vano: él luchó por todos y nos ha dejado con más ganas de luchar, con más fuerza. No luchó solo por nuestra provincia, sino por los 18 millones de ecuatorianos. Por eso lo ponemos como nuestro héroe”.

El 27 de diciembre de 2025, habiendo transcurrido ya dos meses desde el levantamiento del Paro Nacional, Cotacachi amanecía de luto. Edison, un joven artesano, agricultor y constructor de 30 años de edad, oriundo de la comunidad kichwa de San Ignacio de Cotacachi, provincia de Imbabura, se convertía en la cuarta víctima fatal vinculada al uso excesivo de la fuerza en el marco de las represiones a las protestas y manifestaciones en Imbabura.

Edison recibió dos impactos de bombas lacrimógenas, uno en la pierna y otro en la espalda, éste último afectó gravemente el funcionamiento de sus riñones. A pesar de que permaneció hospitalizado y luchó por su vida durante dos meses, su estado de salud siempre fue crítico.

La Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Edison y manifestó públicamente: “denunciamos con firmeza la represión estatal, la criminalización de la protesta y la muerte de nuestros compañeros, que nunca debió ocurrir. No fue el paro el que provocó esta tragedia, fue la decisión del Gobierno de Noboa responder con violencia y tratar al pueblo como enemigo”.

Asimismo, la CONAIE expresó sus condolencias y sostuvo que “su muerte enluta a su familia, a su comunidad y al movimiento indígena, y evidencia una vez más las consecuencias de la represión estatal contra quienes defienden la vida, la dignidad y los derechos colectivos”.

Misael Mata (Maya Q’eqchi’) fue asesinado el 14 de mayo por arma de fuego por dos hombres que le sorprendieron en su puesto de trabajo como guardia de seguridad. Misael era originario de la comunidad de Las Flores, en Livingston, y formaba parte de las 54 comunidades de la Sierra de Santa Cruz que se encuentran en resistencia antiminera. Esta región es de suma importancia ecológica ya que sostiene el nacimiento de 60 ríos que abastecen a otras regiones. En concreto, su oposición se centraba en contra de los proyectos de la empresa canadiense Río Nickel S.A, quien cuenta con licencias otorgadas para la extracción de níquel en la zona y cuyas operaciones causarían la contaminación de los nacimientos de agua.

Tan sólo unas semanas antes del asesinato de Misael Mata, la alianza de 54 comunidades había realizado denuncias frente al Congreso de la República, alegando que la empresa había realizado una consulta engañando a la población y exigiendo que se cancelaran las licencias otorgadas durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

5 días antes del asesinato de Misael había sido asesinado Marco Antonio Zuleta Quevedo, un bombero forestal quien había recibido amenazas por su defensa de los bosques.

Arnoldo Nicolás Romero del pueblo Ayuujk era un defensor del territorio y comisariado de bienes comunales de Buena Vista, San Juan Guichicovi, Oaxaca. Había sido reportado como desaparecido desde el 17 de enero, y varios días después, el 22 del mismo mes fue hallado sin vida por sus familiares, tras haber recibido varios impactos de bala.

Arnoldo lideraba la resistencia en contra del Tren Interoceánico, parte del megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, impulsado por el gobierno mexicano para unir mediante carreteras y vías ferroviarias los puertos de locaciones estratégicas como Coatzacoalcos, Salina Cruz, Dos Bocas y Puerto Chiapas y así mejorar su conectividad para impulsar la economía regional mediante la inversión y el comercio. Sin embargo, este proyecto se dio como una imposición hacia las comunidades Indígenas que habitan el territorio en cuestión, ya que no hubo una consulta ni Consentimiento Libre, Previo e Informado, ni estudios de impacto ambiental en varias zonas.

Por lo tanto, el asesinato de Arnoldo no se debe considerar como un hecho aislado, sino como un intento de silenciar a varias comunidades en resistencia por sus derechos. La prueba está en que desde 2022 otrxs defensorxs del territorio de la región han sufrido represión, intimidación, detenciones y criminalización por oponerse al megaproyecto.

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), de la que Arnoldo formaba parte, y otras organizaciones civiles exigieron a las autoridades de Oaxaca esclarecer los hechos y no dejar este homicidio impune. Activistas de la región aseguran que desde que más empresas y el crimen organizado empezaron a ingresar al territorio a partir del 2018, la violencia y la inseguridad han ido en aumento, volviendo más vulnerables a lxs defensorxs Indígenas.

El 13 de febrero fueron asesinados en Río del Sol, Santo Domingo Petapa, Oaxaca, Wilfrido Atanacio, Victoriano Quirino y Abraham Chirino, defensores del territorio del pueblo Ayuujk de la comunidad El Platanillo. Se reporta que las víctimas iban viajando por vía terrestre cuando un grupo armado los atacó hasta provocarles la muerte. Miembros de la comunidad afirmaron que los responsables del ataque son miembros del grupo armado El 33, el cual parece tener “sitiada” a la comunidad, pues anteriormente ha impedido el abastecimiento de alimentos y medicamentos. Otras fuentes atribuyen esta masacre a un conflicto agrario entre las comunidades de San Juan Mazatlán Mixe y Santo Domingo Petapa, el cual data de aproximadamente 50 años, pero se agudizó en 2023 con el inicio de la construcción de una carretera llamada “camino del Bienestar”, la cual pasa por la zona en disputa y que ya ha provocado el rechazo de Petapa y con ello, una escalada de violencia.

Por su parte, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), de la cual eran miembros las víctimas, tuvo que tomar medidas extremas cerrando temporalmente sus oficinas después del asesinato en cadena de varios de sus miembros y de las amenazas hacia sus defensores. Exigieron a las autoridades estatales y federales justicia para los occisos y protección ante el temor generalizado de nuevas emboscadas.

Ante este hecho, 200 organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel local, nacional e internacional pronunciaron su solidaridad con la UCIZONI y se unieron al llamado a las autoridades para atender la situación tan grave de violencia, denunciando el patrón de los asesinatos a defensorxs del territorio que se oponen al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y exigiendo la implementación de medidas de protección a integrantes de la UCIZONI, la comunidad de El Platanillo y otras involucradas.

El 28 de febrero fue asesinado Cristino Castro Perea, defensor del territorio y líder del pueblo Chontal. El incidente se dio en la comunidad Barra de la Cruz, en el municipio de Santiago Astata, Tehuantepec, Oaxaca, mientras Cristino estaba caminando cerca del centro y dos personas armadas que viajaban en moto lo atacaron hasta provocarle la muerte. Desafortunadamente, fue asesinado a pesar de ser beneficiario del Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una medida implementada por el Gobierno de México para proteger a defensorxs de derechos humanos que han sido agredidxs por sus acciones de defensa.

A pesar de que no había recibido amenazas contra su vida, se cree que su asesinato estuvo directamente relacionado con su liderazgo en la defensa del territorio en su comunidad. La región sufre constantes amenazas hacia la destrucción del medio ambiente por la tala irregular de manglares, la venta de tierras para la llegada de empresas hoteleras, turísticas e inmobiliarias que quieren ocupar el territorio, y la amenaza a la vida de tortugas marinas de tres especies por el bloqueo a su hábitat para anidar y transitar.

La lucha de Cristino y otrxs defensorxs de la región ha sido un constante ir y venir desde el 2013, cuando intentaron despojarles de tierras cercanas a la playa para venderlas a empresas hoteleras. Años después, en 2022 otro grupo de personas guiadas por foráneos buscaron talar los manglares en el paraje “El Nanche”. Aunque la lucha de estxs defensorxs logró que en 2023 el territorio de Barra de la Cruz- Playa Grande fuera declarado como un área natural protegida y con ello se promueva la protección del ecosistema y todas sus especies, sigue siendo insuficiente para la protección de la vida y los derechos de lxs defensorxs Indígenas del territorio.

Marco Antonio Suástegui Muñoz, de 49 años, fue un defensor del territorio, campesino nahua y afromexicano de Cacahuatepec, Guerrero. Aunque su profesión era de arquitecto, las injusticias vividas en carne propia por su familia y por su comunidad lo llevaron a dedicar su vida a la defensa de sus derechos. Antes de su asesinato se desempeñaba como líder de la asociación Turisteros Unidos en Defensa de Playa Icacos (TUDERPI), y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), un colectivo de resistencia en contra de una hidroeléctrica que lleva décadas intentando instalarse en varias comunidades guerrerenses para abastecer de energía eléctrica y agua potable a uno de los más grandes atractivos turísticos de México, Acapulco.

El 18 de abril Marco Antonio se encontraba en la playa Icacos realizando sus labores cotidianas en el sector turístico, cuando una persona desconocida lo atacó e impactó en repetidas ocasiones con un arma de fuego. Fue trasladado inmediatamente a un hospital en Acapulco, pero lamentablemente los cuidados intensivos que le dieron por varios días no bastaron para salvarlo y falleció el 25 de abril. Aunque no se encontró a los responsables del atentado, se cree que su asesinato fue la culminación de los incontables intentos por silenciar la voz de Marco Antonio al oponerse a una variedad de proyectos extractivistas que involucraban los intereses de las élites más poderosas. También se evidenció una vez más la impunidad en los ataques a lxs defensorxs del territorio.

Durante más de 20 años, la lucha por la defensa del territorio llevó a Marco Antonio a ser perseguido, reprimido y encarcelado en repetidas ocasiones, pero afortunadamente fue absuelto de cargos como robo, secuestro y homicidio en cada ocasión al no existir pruebas en su contra. En 2004 lo detuvieron por primera vez, dos años más tarde fue encarcelado por un supuesto robo y secuestro. Diez años más tarde, en 2014 fue encarcelado en un penal de alta seguridad, y aunque logró salir poco después, en 2018 fue aprehendido una vez más junto con su hermano Vicente y otros integrantes del CECOP.

En agosto de 2021 el activismo de Suástegui dio un giro después de que su hermano y compañero de lucha Vicente Iván, fuera desaparecido. Desde entonces Marco Antonio y sus familiares llevaron a cabo interminables campañas de búsquedas junto con las autoridades, así como denuncias públicas de la hostilidad hacia él y su familia que se agudizaba cada vez más. A raíz de este hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que se le otorgarían medidas cautelares a Marco Antonio y su familia, pero las agresiones siguieron y las autoridades ignoraron las denuncias y los llamados de ayuda, hasta que fue demasiado tarde.

Marcelino Ramírez era un hombre mixteco o Ñuu Savi de la tercera edad de la comunidad de Cuajilotes en San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, Oaxaca. Fue asesinado a balazos junto con su perro el 10 de julio en su domicilio. Aunque hasta el momento no se ha esclarecido quiénes fueron los culpables de este atentado, vecinos de Marcelino y miembros de la comunidad lo atribuyen al conflicto agrario con la comunidad de Santo Domingo Yosoñama, que ha provocado el desplazamiento forzado de miembros de Cuajilotes y las comunidades de Rancho Lucero, Cerro Metate, Pueblo Viejo y Río Azucena.

Después de 15 años de conflicto con grupos armados de Yosoñama y Antorcha Campesina, y 34 víctimas cobradas, las comunidades se han visto obligadas a huir de sus hogares y refugiarse con familias de comunidades vecinas. A pesar de que las autoridades municipales y agrarias han denunciado las constantes agresiones hacia miembros de varias comunidades de San Juan Mixtepec y han pedido incrementar la seguridad en los territorios aledaños a la zona de disputa, las autoridades estatales no han logrado mediar el conflicto ni garantizar la protección a sus vidas.

La lucha de Marcelino no estaba en denuncias públicas o manifestaciones colectivas, pues el miedo ha paralizado a muchxs y les ha impedido alzar sus voces. Su resistencia yacía en habitar su territorio por derecho de nacimiento, incluso en medio de la escalada de violencia, hasta el fin de sus días.

Marcos Aguilar Rojas, líder Indígena tepehuano-wixárika fue asesinado el 26 de noviembre durante un ataque armado que se dio en el predio comunal El Caracol, en la comunidad San Lorenzo Atzqueltan, Villa Guerrero, Jalisco. En el lugar se encontraban Marcos y su hermano Gabriel Aguilar Rojas realizando actividades ganaderas, cuando sujetos armados los atacaron a balazos, hiriendo a Gabriel y aniquilando a Marcos en el instante. Aunque ninguna persona fue detenida, miembros de la comunidad denunciaron que ya tienen identificados a los individuos involucrados en el atentado y que han sido partícipes del conflicto por despojo territorial que ha sido ignorado por las autoridades pese a las denuncias hechas anteriormente.

La comunidad San Lorenzo Atzqueltan, ancestralmente conformada por los pueblos wixáritari y tepehuano, ha luchado por la restitución de 45 mil hectáreas que les pertenecen por decreto desde 1733, ante diversos intentos de despojo por personas ajenas a la comunidad. A pesar de que en 2015 la comunidad inició acciones legales para el reconocimiento legal y titulación de su territorio, a la fecha no han obtenido resolución alguna, lo cual ha provocado un conflicto social y principalmente la violación a los derechos Indígenas por parte de las autoridades.

El asesinato de Marcos no fue un hecho aislado, pues miembros de la comunidad llevan siete años documentando las agresiones llevadas a cabo por el mismo grupo de personas en un intento por despojarlos de sus tierras. Incluso, denunciaron que las autoridades han encubierto en repetidas ocasiones a los presuntos agresores, a quienes también señalan de golpear a personas de la tercera edad para quedarse con sus tierras y participar en varios intentos violentos de despojo de sus territorios. Sin embargo, la versión de la Fiscalía del estado sigue negándose a reconocer las agresiones hacia esta comunidad, y declaró que el asesinato de Marcos fue resultado de una disputa interna.

Los miembros de la comunidad se manifestaron en las calles de Guadalajara y de la Ciudad de México, para denunciar el crimen en contra de su líder y el encubrimiento de los culpables por parte de las autoridades. Clamaron por justicia ante las constantes agresiones, intentos de homicidio y desapariciones que hasta hoy en día siguen impunes. También exigieron a la presidenta el reconocimiento, la delimitación y la titulación de su territorio.

Sandra Estefana Domínguez Martínez, del pueblo Ayuujk, era una activista, abogada y defensora de pueblos y mujeres Indígenas. Fue encontrada sin vida el 24 de abril, después de más de seis meses de estar desaparecida. El hallazgo se dio después de un operativo de búsqueda en el municipio de Santiago Sochiapan, Veracruz. Junto con ella, fue encontrado el cuerpo de su esposo Alexander Hernández Hernández, también reportado como desaparecido desde el 8 de octubre de 2024. Las autoridades de Veracruz y Oaxaca aseguraron que fue un grupo delictivo con presencia en Veracruz el responsable de la desaparición y asesinato de Sandra y Alexander. Una mujer fue detenida, pero familiares y activistas denunciaron la falta de seguimiento al caso y el hecho de no catalogarlo como un feminicidio.

Sandra, fiel defensora de los derechos de las mujeres Indígenas hizo varias denuncias públicas en 2020 y 2023 sobre la violencia sexual ejercida por autoridades del Gobierno de Oaxaca hacia mujeres Ayuujk. Se cree que sus actos de denuncia la llevaron a sumarse a la lista de mujeres que han vivido represalias por nombrar y condenar abiertamente la violencia de género en un país que sigue siendo sumamente misógino y machista.

La madre y la hermana de Sandra exigieron un cese a la revictimización y la criminalización de las personas desaparecidas, y denunciaron el hostigamiento y amenazas que recibieron desde que Sandra desapareció. Como si no fuera suficiente el dolor de perder a una hermana o una hija de manera tan violenta, la situación genera más rabia y angustia cuando no se atiende con una perspectiva de género que pueda visibilizar el patrón ya existente entre las denuncias hacia los agresores sexuales y las represalias hacia las víctimas. Sandra seguirá siendo un ejemplo de fortaleza para todas las mujeres que han sido violentadas, y otro recordatorio de la impunidad en México.