Por: Brandi Morin (Cree/Iroquesa)
En un valle rodeado de imponentes montañas cubiertas de bosques a lo largo de la Cordillera del Cóndor, en Ecuador, una comunidad Shuar de aproximadamente 400 personas ha hecho de este lugar su hogar por generaciones. Aquí han prosperado junto a la abundancia de la selva y las aguas claras y caudalosas de los ríos, así como los profundos lazos de su cultura, sus tradiciones y su lengua. Los Shuar Arutam Makiuants esperan preservar esta forma de vida por muchas generaciones más. Pero, desde hace 20 años, una amenaza latente proyecta sombra sobre su futuro: el desarrollo de una enorme mina de cobre a las puertas de su territorio.
A pesar de haber negado repetidamente el permiso para la minería en sus tierras ancestrales, la empresa —que ha cambiado de manos varias veces y hoy pertenece a Solaris Resources— se prepara para iniciar la extracción a gran escala. Para los Shuar Maikiuants, todo está en juego: su territorio, su alimentación, su salud, sus vínculos ancestrales y su futuro. Creen que, si la tierra se contamina, ellos perecerán.
El exterior de una cocina tradicional Shaur, construida con elementos recolectados en la selva.
El territorio ancestral Shuar de la Cordillera del Cóndor se erige como uno de los puntos críticos de biodiversidad más extraordinarios del planeta: una cadena montañosa aislada donde cumbres envueltas en neblina se elevan bruscamente desde la cuenca amazónica, creando un tesoro biológico que, según científicos, alberga la mayor diversidad de flora de cualquier zona comparable en Sudamérica. Unas 4 000 especies de plantas —incluidas 65 orquídeas descubiertas recientemente y una de las pocas plantas carnívoras de Ecuador— prosperan en ecosistemas que van desde bosques nublados enanos tapizados de musgo hasta valles densos de helechos arbóreos y epífitas. Las 613 especies de aves de la región rivalizan con el vasto Yasuní en diversidad avifaunística, mientras que sus bosques dan refugio a jaguares, osos de anteojos, monos araña y al tapir andino en peligro de extinción, junto con 165 especies de anfibios y 137 de reptiles, muchas de ellas exclusivas de este lugar.
Esta geografía singular —donde especies amazónicas y andinas convergen en suelos arenosos pobres en nutrientes, distintos a cualquier otro en los Andes circundantes— ha creado un laboratorio evolutivo de vida endémica. La cadena montañosa alimenta los principales ríos de la Amazonía sur de Ecuador, proporcionando agua a las comunidades río abajo, y al mismo tiempo resguarda especies que aún siguen siendo descubiertas. Científicos describen gran parte de la Cordillera como terra incognita: en gran medida inexplorada e inalterada, pese a las crecientes amenazas derivadas de la extracción.
En tiempos recientes, la comunidad ha intensificado su resistencia, incluso mientras la empresa minera ha firmado acuerdos de beneficios con grupos Shuar vecinos, sembrando tensión y división entre comunidades antes unidas. A inicios de noviembre, el liderazgo tomó la decisión de reactivar el puesto de control en la carretera que atraviesa Maikiuants y conduce hacia la mina.
Los jóvenes juegan al fútbol en el centro de la comunidad de Maikiuaints.
“Activamos el control las 24 horas”, dice el presidente electo de Maikiuants, Tsunki Chup, quien explica que se trata de una táctica utilizada por la comunidad en un intento de frenar el ingreso de suministros a la operación minera. “No hay una fecha definida para cuándo cesará o cuándo vamos a suspenderlo; todavía no se sabe”.
Las acciones han generado tensiones con trabajadores de Solaris. “Se molestaron y fueron varias veces a la Defensoría del Pueblo para resolver el tema, porque estaban perdiendo sus trabajos, estaban perdiendo tiempo, estaban perdiendo gasolina”. Dos semanas después, un empleado de Solaris, frustrado, intentó agredir a uno de los guardias Indígenas en el puesto de control. “Hubo mala intención cuando un carro intentó atropellar al guardia del control. Entonces, resistimos. Aguantamos todo eso”, dice Chup.
El proyecto minero ha fracturado a las comunidades vecinas de Warintz y Yawi Shuar —con quienes la empresa negoció los Acuerdos de Impacto-Beneficio— y a los Maikiuants, antes en convivencia armónica, dividiéndolas en bandos opuestos y enfrentando a familiares entre sí. Mientras algunas familias dependen de los empleos que ofrece la empresa, otras se resisten a la extracción; ahora, ambas partes viven en un estado de desconfianza mutua y distanciamiento.
“Éramos pacíficos, vivíamos en armonía, vivíamos en tranquilidad. Pero la llegada de los de afuera, de las empresas nacionales, nos ha dividido y nos sigue dividiendo, aunque seamos hermanos, primos, sobrinos, familiares muy cercanos, de padres a hijos”, dice Chup.
El puesto de control en una carretera que atraviesa comunidades establecido por los líderes de Maikiuants para afirmar su soberanía sobre el acceso al proyecto minero.
Solaris tuvo su sede en Canadá hasta 2025, cuando anunció su traslado a Quito después de que el gobierno canadiense bloqueara la inversión china en el proyecto por motivos de seguridad nacional. A pesar de la reubicación, la empresa sigue estando controlada en gran medida por intereses canadienses. El multimillonario Richard Warke, radicado en Vancouver y quien hizo su fortuna en la minería, posee el 36% de Solaris, mientras que su empresa Augusta Investments Inc. posee otro 35%. El segundo mayor accionista individual es Daniel Earle, nacido en Toronto y antiguo director ejecutivo de Solaris, quien posee el 4,3%. El resto está en manos de firmas de inversión británicas y estadounidenses, junto con propietarios institucionales.
Canadá domina la industria minera mundial, con hasta el 75% de las empresas mineras y de exploración del mundo con sede en ese país. Esta posición dominante ha suscitado un intenso escrutinio por violaciones mineras internacionales, ya que las empresas que cotizan en la bolsa canadiense suelen estar vinculadas con la destrucción ambiental, abusos de derechos humanos y violencia contra defensores comunitarios en el extranjero, particularmente en América Latina. Informes del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (Justice and Corporate Accountability Project) han documentado numerosos incidentes que involucran a empresas canadienses, incluyendo 44 muertes y cientos de heridos solo en América Latina. Sus críticos sostienen que el gobierno canadiense no regula eficazmente las operaciones de sus empresas en el exterior, mientras que las operaciones mineras canadienses son acusadas rutinariamente de contaminar fuentes de agua, destruir ecosistemas y vulnerar derechos Indígenas en varios continentes.
La entrada a la comunidad de Maikuiants.
Entre otras estrategias que emplea Solaris se encuentra la milenaria “divide y vencerás”, señala Chup. “Para las empresas mineras es mejor que las familias estén divididas entre sí, permitir que tengan conflictos. Lo importante para las empresas es que la gente y los dueños de las tierras se exterminen unos a otros para que ellos puedan explotar todo lo que quieran”, afirma.
La propuesta de mina a cielo abierto y a gran escala de cobre, oro y molibdeno planea extraer 4 millones de toneladas métricas de cobre del territorio Shuar Arutam, con consecuencias ambientales, sociales y de salud catastróficas. El proyecto conlleva el riesgo de una deforestación generalizada, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de los sistemas de suelo y agua de los que depende la supervivencia de los Shuar, mientras que la alteración a gran escala de los sistemas hidrológicos y geológicos podría provocar daños ecológicos irreversibles debido a los vertidos de residuos mineros y al desbordamiento de residuos.
Un mural en Limón Indanza, el pueblo más cercano a Maikiuants, que representa a una mujer Shaur protegiendo su territorio de los mineros.
Más allá de la destrucción ambiental, la mina amenaza a Maikiuants con el desplazamiento forzado, el despojo de tierras y la pérdida de los conocimientos tradicionales y de las prácticas culturales, agravado todo ello por una mayor militarización, corrupción, violencia y problemas sociales como el alcoholismo y la prostitución. Los efectos sobre la salud abarcan desde enfermedades ambientales y transmitidas por el agua hasta crisis de salud mental, accidentes y lesiones relacionadas con la violencia, enfrentando las mujeres impactos específicos por razones de género.
Lo que está en juego no es únicamente la extracción de cobre, sino la supervivencia de una forma de vida Indígena, la integridad de ecosistemas amazónicos cruciales y los derechos humanos fundamentales de comunidades que han cuidado y protegido estas tierras durante generaciones. Pinchu Ankuash, vicepresidente electo de Maikiuants, dice que recientemente sorprendió a trabajadores de la mina inspeccionando su territorio en la selva sin tener permiso para estar allí.
“Sospechábamos que habían entrado en nuestra zona sin nuestro consentimiento para realizar algún monitoreo biótico. Entonces, un día fuimos, acompañados por el síndico, para verificar si eso era cierto. Y sí, era cierto. Encontramos al personal que realiza monitoreo biótico justo en ese camino, en la intersección”, dice Ankuash. “Yo personalmente les dije: ‘Tienen que irse y regresar ahora al territorio de Warintz porque no hemos acordado este tipo de actividad. Se habían adentrado 82 metros. Y en otro punto, 800 metros adentro, realizando monitoreos sin nuestro consentimiento’”.
Marcos Ankuash representa a la juventud de Maikiuants: “El territorio es vida para nosotros. Y por eso invito al mundo a tomar conciencia de la destrucción de la Amazonía, de las actividades extractivas extranjeras que se llevan a cabo aquí en el territorio, y a reflexionar profundamente sobre todas las empresas extractivas que están aquí en mi territorio”, afirmó.
La pequeña comunidad de Maikiuants enfrenta una lucha de David contra Goliat: despliega un contingente modesto de guardias Indígenas para vigilar su territorio ancestral frente a una operación minera multimillonaria, con recursos que parecen ilimitados. Se niegan a llegar a un arreglo mediante compensaciones o compras, dice Ankuash. “La empresa lo ve como algo fácil de resolver: quieren compensar. Para nosotros, eso no basta. No exigimos compensación. Exigimos reparaciones. Si aceptamos compensación, estarían vulnerando muchos derechos de la naturaleza y nuestros derechos como Pueblos Indígenas, y nosotros seguiríamos pagando las consecuencias”.
“Hemos argumentado desde lo científico, lo antropológico y lo ambiental”, continúa. “Pero ellos no han podido sustentar sus afirmaciones. Así que han retrocedido un poco y están buscando otra manera de atacarnos”.
La nueva Ley de Transparencia Social de Ecuador, aprobada a finales de 2025, es motivo de gran preocupación para Maikiuants, dice Ankuash. Otorga la facultad de disolver por completo organizaciones de la sociedad civil sin debido proceso ni control judicial: un arma que ya se está usando contra colectivos que defienden territorios ancestrales frente a la extracción. La ley ha apuntado específicamente a organizaciones destacadas contra el extractivismo, entre ellas la Fundación Alianza Ceibo y el Frente Nacional Antiminero, y las autoridades las acusan de vínculos con el crimen organizado y de financiamiento irregular como pretexto para criminalizar la legítima defensa territorial.
La nueva Ley de Transparencia Social de Ecuador, aprobada a finales de 2025, es motivo de gran preocupación, afirma Pinchu Ankuash, vicepresidente electo de Maikiuants. Esta ley tiene el poder de disolver por completo a las organizaciones de la sociedad civil sin el debido proceso ni supervisión judicial, un arma que ya se está utilizando contra grupos que defienden los territorios ancestrales frente a la extracción.
Al obligar a las organizaciones a revelar información sensible sobre sus miembros, beneficiarios y la ubicación de sus proyectos —datos que aumentan exponencialmente los riesgos de extorsión, acoso y asesinato— y además les arrebata su personería jurídica en caso de incumplimiento, la ley crea un mecanismo para desmantelar sistemáticamente la resistencia Indígena. Ahora, el gobierno puede eliminar organizaciones mediante decretos administrativos, despojando a las Naciones Indígenas de su capacidad para ejercer el derecho constitucional a la consulta previa; esto despeja efectivamente el camino para el desarrollo minero y petrolero en toda la Amazonía mientras las comunidades quedan legalmente indefensas.
“Hay una nueva ley, una ley de transparencia social. A través de ella, a quienes se manifiestan, a quienes están en contra de la política estatal, pueden desconocernos. Nos quedaríamos sin personería jurídica y ni siquiera nos consultarían para obtener nuestro consentimiento cuando nos quiten el estatus legal. Así es como nos debilitan”, explica Ankuash.
El presidente electo de Maikiuants, Tsunki Chup, afirma que autorizó un puesto de control las 24 horas del día en la carretera que atraviesa la comunidad hasta llegar a la mina.
Tsunki Chup trabaja en la oficina comunitaria mientras su hijo observa: “En tanto la empresa (Solaris) permanezca en el territorio, esto seguirá creando tensión entre las familias”.
Solaris Resources ha reforzado su posición frente a la resistencia comunitaria mediante un Acuerdo de Protección de Inversiones con Ecuador de 2022, que blinda a la empresa con amplias garantías, entre ellas la prohibición de confiscación, la seguridad jurídica, la estabilidad tributaria y el acceso a arbitraje internacional para cualquier controversia. En la práctica, esto aísla el proyecto Warintza, valorado en 3,700 millones de dólares, de los cuestionamientos de comunidades Indígenas como Maikiuants. El acuerdo consolida una tasa reducida del 20% del impuesto a la renta corporativa y exime a la empresa de impuestos a la salida de capitales y de aranceles de importación, mientras que un acuerdo de financiamiento de 2025 por 200 millones de dólares con Royal Gold aporta capital inmediato para impulsar la mina en las etapas de permisos y desarrollo de infraestructura.
Estas protecciones respaldadas por el Estado generan una barrera legal y financiera casi infranqueable para los esfuerzos de resistencia de Maikiuants, ya que la empresa opera bajo garantías de estabilidad regulatoria que priorizan los intereses corporativos por encima de los derechos territoriales Indígenas. Ecuador se perfila para recaudar miles de millones de dólares en ingresos tributarios a lo largo de décadas de extracción, mientras la comunidad enfrenta desplazamiento, destrucción ambiental y el desmantelamiento de su forma de vida, con recursos legales limitados para impedirlo.
La familia Antun en su cocina, en Maikiuants.
A sus 28 años, Marcos Ankuash ha dedicado toda su vida adulta a defender el territorio ancestral de Maikiuants. La pregunta que lo acecha a diario es si podrá construir una vida en sus tierras ancestrales: si su futura esposa e hijos heredarán bosques y ríos o páramos contaminados. Para Ankuash y los jóvenes a los que representa, la presencia de la empresa minera no es una abstracción, sino una amenaza existencial para todo lo que su pueblo ha protegido durante generaciones. Está decidido a no ser parte de la generación que lo pierda todo.
“Nuestro territorio no está en venta. No tiene precio porque el territorio es vida. Es sagrado, es el corazón de la tierra”, afirma Ankuash. “Entiendo que la situación de luchar contra un monstruo grande es bastante complicada, pero tenemos la fuerza de la naturaleza de nuestro creador, con el espíritu del destino. Todo lo que uno se propone se puede lograr trabajando bien a largo plazo, dando un paso lento pero seguro. Y esa es la forma estratégica en que uno puede luchar: no hoy, no mañana, sino a largo plazo”.
“Somos pueblos milenarios. Somos un pueblo que tiene territorio. El territorio es vida para nosotros. Y por eso invito al mundo a tomar conciencia de la destrucción de la Amazonía, de las actividades extractivas extranjeras que se realizan aquí en el territorio y a reflexionar profundamente sobre todas las empresas extractivas que están aquí en mi territorio”, dice Ankuash.
Una puesta de sol en el territorio de Maikiuants.
En última instancia, Chup ve la implacable extracción de recursos en el mundo y la destrucción ambiental que esta deja a su paso como una forma de lavado de cerebro; una en la que su comunidad, hasta ahora, se ha resistido a caer. “La gente ingenua, como yo los llamaría, se presta para ello. Proporcionan servicios a las empresas y se acostumbran al fascismo, entonces toda la sociedad empieza a pelearse por la economía. Pero no se dan cuenta de lo importante que es la tierra como recurso. Y entonces uno se vuelve más pequeño, más dependiente y menos libre. Se inclina más hacia una esclavitud moderna”, afirma.
Chup mantiene la esperanza en un futuro donde su comunidad pueda volver a la vida que tenía antes de la llegada de la empresa, incluso mientras se enfrentan a una operación minera multimillonaria que cuenta con todo el respaldo del Estado ecuatoriano. “Si la empresa se retira del territorio, estoy seguro de que tomará algo de tiempo, pero volveremos. Una vez más, recuperaremos la confianza que antes compartíamos. Pero mientras la empresa permanezca en el territorio, esto seguirá creando tensión entre las familias”.
Cultural Survival intentó repetidamente ponerse en contacto con Solaris Resources y con funcionarios del Gobierno ecuatoriano para recabar sus comentarios, pero no obtuvo respuesta.
--Brandi Morin (Cree/Iroquesa/Francesa) es una periodista galardonada que informa sobre cuestiones de derechos humanos desde una perspectiva Indígena.
Foto superior: Hilda Antun prepara la cena en su cocina en Maikiuants.
Todas las fotos son de Brandi Morin.
