Por Cesar Gomez (Maya Pocomam, Equipo de CS)
El 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Para la organización de las Naciones Unidas la libertad de prensa es un derecho fundamental e indispensable para la democracia y el Estado de derecho. Sin embargo, en las comunidades Indigenas de Guatemala aisladas y olvidadas por los gobiernos las y los periodistas ejercen este derecho bajo condiciones desfavorables, sin ninguna ley que los proteja. Esta semana se conoció el asesinato del periodista Carlos Cal Ical, del departamento de Coban al norte de Guatemala. Ahora, el gremio periodístico exige justicia para que el hecho no quede impune.
Human Rights Watch en su informe 2026, destaca la situación crítica de los periodistas en Guatemala, enumerando 19 periodistas en el exilio y más de 4,000 incidentes documentados contra defensores y comunicadores en el 2024. Por su parte, Reporteros sin Fronteras publicó en agosto 2025 que los periodistas que informan sobre proyectos extractivos, desalojos u otros temas, están expuestos a altos riesgos. “En las comunidades la falta de información local y regional convierte a la radio comunitaria en la voz del pueblo”, señala Lorenzo Mateo, miembro fundador de la radio comunitaria Jolom Konob de Santa Eulalia Huehuetenango, la cual inició transmisiones en el año de 1998, dos años después de haberse firmado los Acuerdos de Paz en Guatemala.
Desde sus inicios, la prioridad ha sido transmitir noticias y contenido sobre los derechos humanos y de Pueblos Indigenas. Lorenzo, más conocido como Lencho en el ámbito social, recuerda que, a finales de los noventa, en varios municipios de Huehuetenango empezaron a instalarse proyectos mineros e hidroeléctricas, mientras el Estado obviaba la consulta previa e informada y el consentimiento de las comunidades. Dicha omisión provocó diversas reacciones, a favor y en contra. La comunidad organizada exigió al gobierno de turno, el respeto de sus derechos y la aplicación de la consulta previa e informada y el consentimiento.
La radio comunitaria jugó un papel importante al informar del proceso de la consulta, los derechos de los Pueblos Indígenas y los resultados de la misma. En Santa Eulalia las comunidades dijeron NO, rechazando el pueblo la instalación de proyectos extractivos, sin embargo, previamente hubo controversias con algunos sectores de la población porque las empresas no se quedaron con las manos cruzadas, implementaron una campaña de desinformación a través de emisoras comerciales.
Riesgos del periodismo comunitario
“En las comunidades no es tan fácil ser periodista, todos te conocen, saben donde vives, de que familia eres, si publicas algo dicen… lo público tal persona”, afirma, Noé Ismalej, comunicador de la radio comunitaria Indigena Uqul Tinamit, ubicada en el norte de Guatemala. Agrega, “por el momentum, no existe ninguna ley que proteja nuestra labor periodística”. Concepción Ajanel, de la radio comunitaria La Niña, coincide con este punto, además, resalta, “el Estado no ha autorizado frecuencias radioeléctricas a las emisoras comunitarias Indigenas, aumentando la vulnerabilidad de las y los comunicadores”.
“En las comunidades las emisoras comerciales no informan, solo entretienen a la audiencia con música. Los que transmiten noticias, lo hacen con notas que se producen desde la ciudad restándole interés a lo que pasa en las comunidades, aunque estas sean de alto impacto”, afirma, Lencho.
Durante las elecciones de 2023, las autoridades de los 48 cantones de Totonicapán defendieron la democracia, se plantaron frente a las oficinas centrales del Ministerio Público en la ciudad capital, luego de conocer que personal del ente investigador secuestrara las actas y papeletas electorales. Esta acción fue respaldada por la mayoría de los guatemaltecos, quienes se sumaron a las manifestaciones durante más de tres meses en varios puntos del país. Radio comunitaria La Niña, desplegó a dos corresponsales durante el tiempo que duró la concentración en la capital. Su compromiso fue reportar todos los días al pueblo de Totonicapán lo que acontecía en el lugar. “Desde entonces, hemos recibido varias amenazas telefónicas y mensajes anónimos señalándonos que somos corruptos, que estamos vendidos ante el gobierno, todo esto, por informar sobre las injusticias del pacto de corruptos”, asevera, Ajanel.
“En una oportunidad, un funcionario en forma de broma, intentó atropellarme, porque días antes había publicado la falta del servicio de agua potable en el municipio”, explica Ismalej. No lo denuncié porque hay antecedentes de periodistas en otros departamentos que han presentado su caso a las instancias de justicia, las cuales, no avanzaron, se archivaron se desestimaron o la denuncia se revirtió en contra de ellos, por posibles conexiones de los funcionarios con los operadores de justicia, expone, Ismalej,
“A nosotros el alcalde Municipal nos cerró la radio comunitaria Jolom Konob en el año 2015, con el objeto de evitar que se informará de un crimen que él cometió”, menciona, Lencho. “Utilizando las redes sociales, avisamos a la población del cierre de la emisora y lo ocurrido con el jefe edil. Esta acción nos obligó a escondernos un par de días en la montaña porque el personal del alcalde nos estaba buscando. El hecho que nos conmovió a los integrantes de la radio fue el secuestro y asesinato de nuestro compañero, comunicador y líder comunitario, Daniel Pedro, promotor de la consulta comunitaria en Santa Eulalia en el 2006, aunque ya fue condenado el autor material, los autores intelectuales no han enfrentado la justicia”.
Sin protección a periodistas
El gobierno actual y los anteriores tienen una deuda con la prensa, la creación de un mecanismo de protección para periodistas que incluya a las y los comunicadores comunitarios Indigenas, quienes son más vulnerables al estar en los territorios donde la presencia de instancias del Estado es mínima o nula.
La Procuraduría de los Derechos Humanos en su informe presentado durante el Examen Periódico Universal de 2022, señala el incumpliendo del Estado de sus compromisos internacionales. Desde el año 2012 se comprometió a implementar el programa de protección a periodistas, sin que a la fecha haya cumplido.
“Las amenazas y difamaciones en contra de comunicadores son frecuentes y ahora los netcenters y perfiles falsos en las redes sociales amplían la desinformación o desprestigian a los periodistas”, revela, Laura Ajcalón, de radio comunitaria Juventud, de Sololá, quien coordinó el noticiero Ix, un informativo que promovió temas relacionados a la participación de mujeres y otros temas sociales.
“En nuestra experiencia, cuando cubríamos alguna conferencia de prensa, a veces nos negaban el acceso por ser mujeres Indigenas, por carecer de un carnet de prensa de una empresa corporativa o por ser de una radio comunitaria indigena, menospreciando nuestra labor”, afirma, Ajcalón. “No tenemos dónde denunciar estas acciones que violan el derecho a la información y libertad de expresión, a pesar de que el ente investigador es el Ministerio Público no podemos acudir a ella al ser quien criminaliza a las radios comunitarias Indigenas”, agrega.
El Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala ha denunciado reiteradamente estos hechos a nivel nacional e internacional. En la reciente evaluación del comité contra la discriminación y el racismo en noviembre 2025, el grupo de expertos solicito al Estado de Guatemala, información actualizada sobre las garantías del ejercicio de libertad de expresión de los pueblos indigenas y la adopción de un marco legal sobre medios de comunicación comunitarios de conformidad con la sentencia de la Corte interamericana de fecha 17 de diciembre 2021, así como, las acciones tomadas para proteger de manera efectiva a los periodistas y defensores de derechos humanos, lideres y miembros de Pueblos Indigenas y afrodescendientes. Al momento no hay ninguna respuesta concreta del gobierno de Guatemala.
Informar para desinformar
“Aunque arriesgue mi vida, no puedo dejar de informar a mi comunidad, esto lo traigo en la sangre”, enfatiza Lencho. Ajanel por su parte, indica: “Vemos cómo las instituciones de justicia están criminalizando a activistas de derechos humanos que elevan su voz, no podemos quedar callados ante esta injusticia, tenemos que informar con fuentes exactas”. Para Ajcalón, el ejercicio periodístico es una pasión, “...exige tener la visión clara, que trabajamos por nuestra comunidad, pues somos los portavoces de nuestros pueblos y esto es lo que nos hace diferentes a los otros medios. Nosotros decimos las noticias como son”, concluye.
Ismalej recalca: “Es necesario que los funcionarios reciban capacitaciones del papel de los comunicadores comunitarios para que no nos vean como sus enemigos y que entiendan que solo somos el medio para trasladar información y (nuestra función es) servir a la comunidad. Si en alguna publicación son mencionados tienen derecho de réplica, que les permite aclarar o dar su punto de vista de lo que está aconteciendo. Que ya no vean (a los periodistas) como enemigos”.
“Nosotros conocemos el derecho de las personas y nuestros derechos, gracias a las capacitaciones que hemos recibido de organizaciones pro-derechos humanos. Ahora ya cuento con una licenciatura en ciencias de la comunicación”, finaliza Ajanel, quien además de conocer más sobre el periodismo, es consciente de la responsabilidad que significa transmitir la verdad sin censura y en el idioma maya K’iche’.
