Pasar al contenido principal

Informe alternativo al CERD destaca violaciones de derechos Indígenas como resultado de la minería en Bolivia

A finales de octubre de 2023, Cultural Survival y nuestra organización socia Qhana Pukara Kurmi presentamos un informe alternativo sobre el estado de los derechos Indígenas en Bolivia para la 111 sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial que tendrá lugar en Ginebra del 20 de noviembre al 8 de diciembre de 2023. 

El informe se basa en las violaciones de derechos sufridas por las 8 comunidades quechua pertenecientes al Ayllu Acre Antequera, una asociación de comunidades y ayllus Indígenas de base, en el departamento de Oruro, que cuentan con un total de 3264 habitantes. Sin embargo, los Pueblos Indígenas experimentan violaciones de sus derechos relacionadas con la explotación minera en varias partes del país y el caso del Ayllu Acre Antequera es fácilmente extrapolable a muchas otras regiones de Bolivia. 

En 2013 las empresas Illapa y Sinchi Wayra, filiales de la suiza Glencore, firmaron un nuevo contrato de asociación con la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) por 15 años, para la explotación de zinc, plata y plomo en el proyecto minero Bolívar, el cual se encuentra en el territorio del Ayllu Acre Antequera y las comunidades Indígenas quechua que lo habitan. 

Las actividades de la minera en el territorio Indígena han generado una serie de impactos que incluyen la contaminación y la escasez de las fuentes de agua, la criminalización de las autoridades ancestrales por defender su territorio y afectaciones a la cultura y vida comunitaria, generando todo ello una discriminación estructural hacia el pueblo quechua que habita estas tierras. Algunas personas han denominado que ahora viven en un “desierto tóxico”.

En una región de por sí árida, la mina está utilizando mucha más agua de la permitida en su contrato de arrendamiento y varios habitantes de las comunidades han dado testimonio de que los ríos y pozos están contaminados y que el ecosistema se está secando. La minera utiliza 800 mil litros de agua por día y expulsa 80 litros de aguas residuales por segundo al río Antequera. En segundo lugar, gran parte del agua que queda ha sido contaminada por la mina y no es potable ni apta para consumo humano, animal o cultivos. Informes técnicos constatan la presencia de arsénico, plomo, cadmio, zinc y sulfatos de cianuro en este territorio excediendo los niveles máximos permitidos en Bolivia lo cual puede provocar graves problemas de salud en las personas y animales que habitan los territorios contaminados. Muchas familias se han tenido que deshacer de su ganado, el cual es de vital importancia para su sustento y su desaparición supone un fuerte impacto en la soberanía alimentaria y económica de las comunidades. Otros vecinos comentan que las tuberías atraviesan sus patios y casas transportando una variedad de sustancias tóxicas.

A día de hoy, la destrucción de los territorios ha avanzado tanto que las comunidades se están quedando confinadas en territorios intentando escapar de la contaminación para poder acceder al agua y producir abastecimiento. Sin embargo, estos territorios son cada vez más pequeños y los habitantes no pueden sustentarse con los pocos recursos naturales existentes. A raíz de todo ello, muchos de los Pueblos Indígenas que han vivido tradicionalmente en la zona se han visto obligados a abandonar sus tierras. Esta migración forzada separa a los jóvenes de los ancianos de la comunidad, previniendo la herencia del conocimiento cultural y amenazando la supervivencia cultural de estas comunidades.

Además, quienes se atreven a denunciar estos impactos enfrentan la criminalización. Las personas que habitan el Ayllu Acre Antequera testifican que se sienten amenazadas y observadas por la empresa Illapa a menudo. Si reclaman algo son amenazadas con procesos penales o con despedir a familiares que trabajan en la mina. Varios de sus líderes han sufrido lesiones a su integridad física, psíquica y moral y son víctimas de una persecución judicial. Este hostigamiento no se dirige sólo hacia la persona que lo sufre en concreto sino que supone una campaña de terror dirigida a la población Indígena en general. 

Las mujeres del Ayllu han sufrido impactos diferenciados al ser víctimas de amenazas verbales, insultos sexistas y racistas, agresiones físicas, tocamientos e intimidación por parte de miembros del sindicato minero. 

Sumado a lo anteriormente detallado, también se violó flagrantemente el derecho a dar o negar su Consentimiento Libre, Previo e Informado que tienen los Pueblos Indígenas por estándares internacionales para cualquier actividad que se realice en su territorio o cualquier medida que les afecte. El contrato entre la empresa Illapa y la COMIBOL para la explotación del proyecto minero Bolívar se dio sin tener en cuenta este proceso y sin establecer interacción alguna con las ocho comunidades a las que afecta.

En este contexto, Cultural Survival y Qhana Pukara Kurmi instan a los miembros del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial a hacer las siguientes recomendaciones al Estado Plurinacional de Bolivia: 

  1. Implementar medidas de protección en favor de las personas defensoras de derechos humanos y de mujeres del Ayllu Acre Antequera, detallando las medidas diferenciadas con enfoque de género. 
  2. Implementar medidas para el esclarecimiento de los ataques en contra de las personas que habitan el Ayllu Acre Antequera y establecer las medidas para evitar la revictimización como apoyo integral para las víctimas y reparación por los ataques sufridos. 
  3. Garantizar la vida e integridad física de las personas de las comunidades que componen el Ayllu Acre Antequera, en especial de las autoridades Indígenas y comunarios que se encuentran desempeñando una labor de defensa de sus territorios, medio ambiente y sus derechos humanos 
  4. Asegurar que las medidas de protección brindadas por el Estado sean conforme a un análisis de riesgo integral, acordado con las y los propuestos beneficiarios y que se realicen las coordinaciones interinstitucionales pertinentes para el resguardo de su vida e integridad, considerando la territorialidad, género, calidad de persona defensora de derechos humanos, entre otros 
  5. Tomar medidas de mitigación de las afectaciones al derecho humano a un medio ambiente sano. 
  6. Reconocer el derecho de autodeterminación de los Pueblos Indígenas y las resoluciones emitidas por el Consejo de Justicia del Ayllu Acre Antequera de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos. 
  7. Realizar una intervención de emergencia en el Ayllu Acre Antequera por parte de las entidades responsables tanto a nivel nacional como internacional. 
  8. Asegurar la provisión de agua potable para las personas y animales que habitan el Ayllu Acre Antequera. 
  9. Cesar el hostigamiento, difamación y discriminación hacia las autoridades Indígenas por parte de la radio minera 16 de marzo propiedad de la empresa minera y el sindicato de trabajadores de la mina Bolívar.