Por Thais Pellosi (Equipo de CS)
La crisis climática es el resultado de un modelo de desarrollo que históricamente ha priorizado la extracción y acumulación de minerales y bienes naturales por encima del cuidado de los territorios. Mientras los mecanismos internacionales se centran en indicadores, metas financieras y esquemas de compensación, los Pueblos Indígenas aportan una perspectiva basada en la gestión cotidiana de ecosistemas clave para la estabilidad climática global. Desde estos territorios se sostienen bosques, cuencas, nacimientos de agua y sistemas de biodiversidad que cumplen un rol fundamental en la mitigación y adaptación climática, al tiempo que enfrentan impactos desproporcionados del cambio climático, como la variabilidad extrema de las lluvias, sequías prolongadas y la pérdida de medios de vida tradicionales.
En este contexto, la justicia climática requiere ir más allá del reconocimiento discursivo y traducirse en mecanismos financieros reales y concretos que reconozcan y apoyen la autonomía territorial, el ejercicio de derechos colectivos y la capacidad de los Pueblos Indígenas para definir, implementar y monitorear el uso de los recursos climáticos. Sin una participación efectiva y un acceso directo al financiamiento, los esfuerzos de adaptación y mitigación corren el riesgo de reproducir las mismas desigualdades estructurales que han contribuido a la crisis actual.
En la voz de liderazgos jóvenes como Josimara Baré, del pueblo Baré, y Ludimar Kokama, del pueblo Kokama, hay una reivindicación clara: “el financiamiento debe llegar directamente a quienes protegen las selvas, los ríos y la biodiversidad del planeta. No como beneficiarios pasivos, sino como sujetos políticos, gestores y protagonistas de las soluciones climáticas”.
En distintos espacios climáticos internacionales, como La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30, se habla constantemente de “implementación”, “compromisos” y “metas”, pero para los Pueblos Indígenas estas palabras sólo tienen sentido si se traducen en acciones concretas y transformadoras. Según el World Resources Institute (WRI), los territorios de los Pueblos Indígenas y comunidades locales albergan aproximadamente el 54 % de los bosques intactos restantes del planeta, lo que evidencia su papel central en la protección de la biodiversidad y la estabilidad climática. Sin embargo, de acuerdo con el informe Funding Indigenous Peoples and Local Communities to Secure Climate, Nature and Pandemic Outcomes de Rights and Resources Initiative (2021), menos del 1 % del financiamiento climático internacional llega directamente a organizaciones Indígenas y comunitarias, lo que revela una profunda desconexión entre el reconocimiento de su rol y el acceso efectivo a recursos financieros.
Esta contradicción revela una falla estructural del sistema de financiamiento climático global: se reconoce el rol central de los Pueblos Indígenas en la protección del clima, pero se les niega el acceso directo a los recursos económicos necesarios para sostener esa protección. Los mecanismos de financiamiento climático siguen canalizando solo una proporción marginal de los recursos de forma directa hacia los pueblos indígenas y comunidades locales, reproduciendo desigualdades históricas y reduciendo la eficacia, el alcance y la justicia de las respuestas climáticas globales. Sin financiamiento directo, no hay justicia climática posible, porque se perpetúan relaciones de dependencia, intermediación y tutela, además muchas veces del desvío descarado de fondos por parte de los intermediarios.
Josimara y Ludimar que participaron en la COP30 mencionaron iniciativas que generan expectativas, como el Fondo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), propuesto por el gobierno de Brasil durante el evento, que prevé un mínimo del 20% de sus recursos destinados a mecanismos de financiamiento directo Indígena. Aun así, el porcentaje sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del rol que desempeñan los pueblos indígenas en este país. “Si somos quienes protegemos la mayor parte de las selvas, ¿por qué recibimos tan poco?”, cuestionaron. La demanda es simple y profundamente justa: ampliar el acceso directo a los recursos y reducir la intermediación de los fondos.
En este camino hacia la autonomía financiera y la justicia climática, organizaciones indígenas brasileñas han desarrollado una experiencia única y estratégica: una red de fondos Indígenas, quilombolas, extractivistas y ribeirinhos, como el Fundo Indígena da Amazônia Brasileira (Podáali), desarrollado por el Movimiento Indígena Amazonico, y la Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) y, además de otros fondos territoriales creados a partir de las necesidades reales de las comunidades, como el Fundo Indígena do Rio Negro (FIRN), el Fundo Indigena Timbira, y él Fundo Indígena RÛTI (CIR). Estos fondos cuentan con gobernanza integralmente Indígena, procesos propios de consulta y consentimiento libre, previo e informado, y equipos técnicos conformados por profesionales indígenas en áreas como administración, contabilidad, derecho, gestión ambiental y planificación territorial.
Estos fondos no solo administran recursos: encarnan una propuesta concreta de justicia climática desde los territorios. Su lógica es clara y profundamente política: ¿quién mejor para definir prioridades, diseñar proyectos y ejecutar acciones que quienes viven en los territorios, los cuidan diariamente y dependen directamente de su equilibrio ecológico?
En la práctica, los fondos Indígenas se han convertido en herramientas de resistencia, autonomía y reconstrucción. Financian iniciativas lideradas por comunidades Indígenas que, en muchos casos, deberían ser garantizadas por políticas públicas: protección territorial, demarcación de tierras, monitoreo ambiental comunitario, seguridad para liderazgos amenazados, gestión sostenible de los recursos naturales y fortalecimiento cultural. Allí donde el Estado no llega, o llega de forma insuficiente, los fondos Indígenas actúan con eficiencia, transparencia y resultados comprobables.
Actualmente, la mayor parte de estos recursos proviene de la filantropía y, en menor medida, de la cooperación internacional. Sin embargo, las comunidades Indígenas buscan también acceder de manera directa a los grandes fondos multilaterales climáticos, como el Fondo Verde para el Clima y el GEF (Fondo para el Medio Ambiente Mundial). Como afirman Josimara y Ludimar: “Si con apenas el 1% del financiamiento climático ya logramos resultados significativos, imagina lo que podríamos hacer con acceso a recursos a gran escala”.
El principal obstáculo sigue siendo la excesiva burocracia de los mecanismos multilaterales, diseñados bajo modelos alejados de la realidad territorial Indígena, además de una persistente falta de confianza institucional. Esto ocurre incluso cuando existen organizaciones Indígenas con estructuras técnicas sólidas, gobernanza consolidada y capacidad demostrada de gestión.
El caso del Fondo Amazonía es emblemático: hasta hoy, casi ninguna organización Indígena ha logrado acceder a sus recursos de manera directa⁵. Los fondos llegan exclusivamente a través de intermediarios, reproduciendo una lógica de tutela que los pueblos indígenas denuncian desde hace décadas.
Esta arquitectura financiera refuerza una relación colonial: se duda de la capacidad indígena, mientras se confía en intermediarios externos. Sin embargo, las nuevas generaciones de liderazgos Indígenas, con formación universitaria en múltiples áreas, anclaje territorial y conocimiento tradicional, demuestran que esa desconfianza ya no se sostiene. Las comunidades cuentan con capacidad técnica, gobernanza propia y modelos de gestión que integran eficiencia, transparencia y valores colectivos.
El financiamiento directo no es únicamente una cuestión económica. Es una condición esencial para la autodeterminación, la seguridad territorial, la continuidad cultural y la justicia climática. Implica reconocer que la defensa de la selva no es una narrativa simbólica, sino una práctica cotidiana sostenida por quienes viven en ella. Implica garantizar que las decisiones sobre los territorios no pasen por intermediarios ajenos. Implica respetar, fortalecer y reconocer los mecanismos creados por las propias organizaciones indígenas.
La justicia climática también exige ampliar la presencia Indígena en los espacios de toma de decisiones, no solo en audiencias o paneles, sino en las mesas donde se diseñan las políticas climáticas globales y la arquitectura del financiamiento. Ludimar y Josimara comentaron: “No queremos estar solo en la platea; queremos tener voz, poder decidir y ser escuchados”.
La lucha continúa, transformándose sin perder su esencia. Sigue siendo por la vida, por los territorios, por las selvas y por derechos que aún no son plenamente respetados. Sigue siendo por las generaciones futuras.
Mientras la arquitectura global del financiamiento climático no cambie, las voces indígenas seguirán resonando en todos los espacios:
Demarcación ya.
Financiamiento directo ya.
Justicia climática para todos ahora.
