Irma A. Velásquez Nimatuj (Maya K’iche’, Consultora de CS)
En Santiago Atitlán, un pueblo Tz’utujil situado en la ribera sur del lago de Atitlán, Guatemala, hay dos alcaldes. Uno ejerce desde el edificio municipal; llegó al cargo a través del sistema de partidos políticos y se rige por las leyes ordinarias del Estado. El otro no aparece en ninguna boleta electoral: es el Cabecera del Pueblo, la máxima autoridad Indígena ancestral de la comunidad, elegida entre los principales —personas que han servido a su comunidad durante décadas— con la participación de la asamblea del pueblo y del sistema de cofradías (hermandades religiosas).
El Cabecera del Pueblo es responsable de hacer cumplir las normas locales y de encabezar las ceremonias más significativas del municipio. Para un visitante que desconozca esta estructura, el segundo alcalde podría pasar inadvertido. Pero para la comunidad, representa una institución que ha sobrevivido a tres siglos de colonialismo y a doscientos años de república, así como a las dictaduras liberales de finales del siglo XIX y principios del XX, a las dictaduras militares entre 1954 a 1985 y al genocidio más reciente, perpetrado por fuerzas estatales entre 1978 y 1986.
Esta institución se conoce como sistema de cargos. Es, al mismo tiempo, una estructura de autogobierno, una escuela de formación política y una forma de entender y ejercer el poder desde la comunidad. Su lógica es sencilla, pero exigente: dentro del sistema de cargos, no se asciende acumulando riqueza o votos, sino sirviendo a la comunidad. Sus integrantes avanzan paso a paso por una escala de responsabilidades, casi siempre sin remuneración, porque el servicio es tanto un deber como un honor. Los cargos suelen durar un año antes de rotarse, lo que garantiza que la autoridad circule y que nadie se perpetúe en el
poder. Quienes cumplen con sus responsabilidades obtienen el prestigio, el respeto y la confianza de su pueblo, bienes que se convierten en un legado para las generaciones futuras.
En Santiago Atitlán, los hombres jóvenes comienzan como alguaciles (Aj Ch’ami’ en Tz’utujil), desempeñándose como mensajeros y asistentes encargados de convocar reuniones y apoyar a las autoridades de mayor rango en las tareas que se les asignan. Con los años, pueden incorporarse a las cofradías, donde asumen la responsabilidad del cuidado de los santos patronos y de la organización de festividades, espacios en los que lo cívico y lo espiritual se entrelazan. Quienes completan este recorrido se convierten en principales y, con el tiempo, en ancianos, adquiriendo la autoridad moral necesaria para brindar consejo y resolver conflictos comunitarios. De entre estos principales surge el alcalde Indígena o Cabecera del Pueblo. En esencia, se trata de una escuela de vida ejemplar: nadie llega a la cima sin haber comenzado desde abajo. En otras palabras, el liderazgo político y representativo se aprende y se forja barriendo la plaza del pueblo, cargando al santo y escuchando a los ancianos.
Aunque las raíces de esta jerarquía son prehispánicas, la estructura que conocemos actualmente tomó forma durante la época colonial, cuando las comunidades mayas sobrevivientes reorganizaron sus jerarquías políticas y religiosas pese al dominio español. El resultado es un modelo híbrido que ha perdurado hasta nuestros días. Sin embargo, esta persistencia ha tenido un alto costo. Durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960–1996), particularmente en las décadas de 1980 y 1990, varios alcaldes Indígenas de Santiago Atitlán fueron asesinados y la estructura tradicional sufrió graves daños.
De manera notable, en las últimas décadas la comunidad ha revitalizado sus cargos tradicionales y los ha adaptado a nuevos desafíos. Este proceso se ha reproducido en distintas partes del valle central guatemalteco y del Altiplano, desde la reactivación de las alcaldías Indígenas hasta los reconocidos “48 Cantones” del departamento de Totonicapán.
Seykún community members in Colombia. Photo by Joshua Dautoff.
Personas reunidas en Santiago Atitlán para celebrar una asamblea pública.
Fotografía de Kerstin Sabene.
Festival cultural Dogon, Mali. Fotografía de Georges Dougon (Dougon).
Santiago Atitlán no es la excepción. Cultural Survival, a través de su trabajo de consultoría sobre autogobierno, ha entablado diálogos con socios y líderes Indígenas de distintas partes del mundo para conocer qué formas de autogobierno han perdurado a lo largo del tiempo y por qué. Las respuestas, recopiladas mediante grupos focales realizados entre marzo y mayo de 2026, revelan un panorama sorprendente: a través de distintos continentes, nombres y paisajes, emerge una misma lógica de autogobierno como la que se practica a orillas del lago de Atitlán.
En Mesoamérica, el territorio de Guna Yala, en Panamá, fue señalado como un referente clave. Está conformado por 52 comunidades y cada una elige a su propio sagla (líder); la mayoría de ellos se reúne en un congreso general para tomar decisiones colectivas. Según nos explicaron, el pueblo Guna ha resuelto,
mediante la generación de ingresos propios a través de un turismo gestionado por las propias comunidades, uno de los dilemas más complejos del autogobierno: la dependencia financiera del Estado.
En México, una participante describió el cabildo (consejo) de su comunidad y el comisariado de bienes comunales, cargos que son rotativos, en su mayoría no remunerados y de corta duración. Explicó que este diseño dificulta la corrupción y la captura por intereses externos, ya que nadie permanece en el cargo el tiempo suficiente como para ser cooptado. También mencionó las mayordomías —instituciones hermanas de las cofradías guatemaltecas—, que todavía dividen el territorio en barrios: delimitaciones urbanas que ya no aparecen en los mapas oficiales, pero que siguen vivas en la memoria y en las prácticas de autogobierno de las comunidades.
En América del Sur, las conversaciones revelaron que organizaciones Indígenas de la Amazonía colombiana lograron que el Estado reconociera las primeras entidades territoriales Indígenas y les encomendara la administración de sus propios territorios, incluidas determinadas reservas. En Ecuador, décadas de liderazgo comunitario han puesto de relieve que el fortalecimiento de estos sistemas “nace del corazón de las comunidades” e implica proteger la lengua, defender el territorio e inculcar en niñas y niños el orgullo que sostiene a la comunidad. Por otro lado, en Chile, el énfasis se puso en la reconstrucción: el pueblo Mapuche reivindica la autonomía de cada lof (comunidad de base) mediante la reconstrucción de sus propias estructuras de gobernanza, incluso sin reconocimiento constitucional.
Dogon cultural festival, Mali. Photo by Georges Dougon (Dougon).
Brasil aportó al diálogo una lección de una claridad contundente: sin tierra no hay autogobierno. Se explicó que los Pueblos que viven en tierras demarcadas por el Estado pueden ejercer y defender sus propias formas de gobernanza, mientras que aquellos que siguen esperando la demarcación —en algunos casos durante 20 años o más— ejercen su gobierno en condiciones de extrema vulnerabilidad, expuestos diariamente a la minería, el despojo y la muerte. También se destacaron ejemplos de notable persistencia: el territorio del Xingu, donde conviven diversos Pueblos con sus propias estructuras organizativas, y los más de 100 Pueblos que viven en aislamiento voluntario y que, sin pedir permiso, han mantenido intactos sus sistemas de autogobierno, que se cuentan entre los más autónomos del planeta.
Al otro lado del Atlántico, Mali posee una estructura de autoridad que una persona Tz’utujil reconocería de inmediato: cada familia tiene una persona que la encabeza, cada aldea cuenta con sus propias autoridades y, por encima de las disputas, se encuentra el hogon, el mediador supremo, cuya palabra es considerada la máxima autoridad. Los asuntos importantes se deliberan en la togu na (Casa de la Palabra) y el calendario ceremonial estructura la vida política. Cuando se celebra una boda o surge un conflicto, la comunidad recurre primero a la autoridad tradicional y sólo después al Estado. Entre los Kel Tamasheq del
norte existen comunidades en las que las mujeres ejercen la máxima autoridad y son guardianas de la cosmología.
Desde Namibia y Sudáfrica, otras voces describieron el contraste entre Pueblos como los Nama, que cuentan con consejos tradicionales de autoridad reconocidos, y los San, cuyas autoridades carecen en gran medida de reconocimiento estatal. Esta diferencia tiene importantes consecuencias, ya que, sin reconocimiento de la autoridad o del autogobierno, tampoco existe reconocimiento de los derechos sobre la tierra.
En Asia, donde vive la mayoría de los Pueblos Indígenas del mundo, este patrón se repite con particular intensidad. Nepal sólo ha reconocido legalmente a 59 Pueblos y la Constitución de 2015 prometió zonas autónomas que aún no se han materializado. Aun así, los sistemas siguen funcionando. Los Tharu eligen a un barghar en cada aldea para resolver problemas y tomar decisiones comunitarias, mientras que los Thakali administran justicia mediante el sistema mukhiya, deliberando democráticamente antes de consultar al jefe. Esta voz colectiva orienta a la comunidad, a menudo al margen de las disposiciones
gubernamentales. Su advertencia principal coincidió con la postura expresada desde Brasil: la libre determinación está indisolublemente ligada a la tierra y quienes son desplazados de su territorio pierden la posibilidad misma de autogobernarse, de crear y recrear sus propias formas de gobierno.
Nama people in Namibia recognize traditional councils of authority. Photo by Nichodimas Cooper.
América del Norte introdujo en el diálogo el escenario más complejo: Pueblos gobernados mediante estructuras que no eligieron. Varias personas participantes de Estados Unidos y Canadá describieron consejos Tribales moldeados por el Estado, y al mismo tiempo señalaron los esfuerzos sostenidos por recuperar sus propios sistemas tradicionales. Entre los ejemplos se encuentran Primeras Naciones de Canadá que complementan la estructura impuesta con un consejo tradicional y un consejo de matriarcas para la toma de decisiones; comunidades que mantienen una “casa grande” como centro ceremonial; consejos de ancianos que trabajan junto con programas para jóvenes; y una convicción expresada por muchas personas: recuperar el autogobierno requiere desaprender las concepciones coloniales del poder y restituir a las mujeres la posición que ocupaban en las sociedades matrilineales.
Estas experiencias de gobernanza revelan no tanto diferencias como variaciones sobre un tema común. En todas ellas, el autogobierno tiene sus raíces en el servicio y no en el poder; una posición de liderazgo existe para servir, no para la satisfacción personal. Asimismo, la autoridad Indígena se ejerce mediante la
deliberación colectiva. Las personas mayores encarnan la memoria y brindan orientación, mientras que la dimensión espiritual impregna la vida política, sin que exista un intento por separar ambas esferas. En dichas experiencias, además, la
tierra aparece como condición indispensable, porque el territorio no es un recurso que deba administrarse, sino el cuerpo mismo de la comunidad. Las diferencias provienen del exterior y son sostenidas por los Estados nación a través del grado de reconocimiento que cada uno concede, el acceso al financiamiento que permiten, la presión ejercida por las economías extractivas o la criminalización que enfrentan las autoridades ancestrales que defienden sus territorios.
Los organismos internacionales finalmente están llegando a la misma conclusión que los Pueblos Indígenas. Informes de las Naciones Unidas documentan que los sistemas de gobernanza Indígena suelen gestionar los servicios para sus comunidades de manera más eficaz que los agentes externos y que, allí donde las
Naciones Indígenas se autogobiernan, indicadores como la educación y el empleo efectivamente mejoran. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que cumplirá su 20.º aniversario en 2027, reconoce los derechos a la libre determinación y a mantener sus propias instituciones de gobierno. El desafío, según las personas consultadas en las regiones donde trabaja Cultural Survival, no consiste en demostrar que el autogobierno Indígena funciona, sino en lograr que los Estados nación dejen de sabotearlo.
March in Nepal, where 60 Indigenous Peoples are officially recognized. Photo by Dev Kumar Sunuwar (Sunuwar).
La ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz (Kankanaey Igorot), explicó en su informe de 2018 sobre autogobierno que, mucho antes de la colonización y del surgimiento de los Estados nación, los Pueblos Indígenas de todo el mundo habían desarrollado formas complejas de autogobierno: sistemas que regulaban las relaciones entre sus propios integrantes, con sus vecinos y con el mundo natural, al tiempo que incorporaban sus cosmovisiones, valores y formas particulares de entender la autoridad. Los colonizadores desestimaron estos
sistemas por considerarlos inferiores e intentaron erradicarlos; en la actualidad, los Estados poscoloniales a menudo continúan con esos mismos esfuerzos. Sin embargo, las formas Indígenas de autogobierno perduran.
La labor del alcalde Indígena de Santiago Atitlán constituye una muestra de la vitalidad persistente del autogobierno Indígena. Estos sistemas han sobrevivido durante siglos porque son anteriores a la época colonial y poseen raíces mucho más profundas que las de los Estados nación que intentan sofocarlos por todos los medios posibles. Perduran porque responden a una necesidad cotidiana dentro de sus comunidades: una forma de gobierno en la que la autoridad se obtiene mediante el servicio, las decisiones se toman colectivamente y el territorio no se
posee, sino que se cuida. Cada año, a orillas del lago de Atitlán, con el gesto sereno y deliberado de un joven Tz’utujil que acepta su primer cargo de liderazgo, una institución milenaria comienza de nuevo su ciclo.
Irma A. Velásquez Nimatuj (Maya K’iche’) es una periodista, activista y antropóloga social.
Top photo: People gathered in Santiago Atitlán, Guatemala, for a public assembly. Photo by Kerstin Sabene.
