Pueblos Indígenas, grupos ambientales y sindicatos laborales están escandalizados ante una nueva ley que debilita los derechos humanos y erosiona las protecciones ambientales. Cuando en julio miles de manifestantes tomaron las calles para protestar, la policía reaccionó con inusitada violencia, matando al menos dos personas, volviendo ciegas a decenas con el uso de perdigones, e hiriendo y arrestando a cientos más. Líderes indígenas dicen  que murieron más personas, pero que el gobierno no libera la información completa a los investigadores de derechos humanos. 

Para acallar las protestas, los oficiales del gobierno rápidamente acordaron dar un periodo de 90 días para negociaciones, pero excluyeron a muchos sectores de la población en éste proceso (en particular a los líderes indígenas y a las organizaciones ambientales). Ignorados por su propio gobierno, estos grupos buscan el apoyo de los ciudadanos y agencias del mundo para que ayuden a persuadir a Panamá para que cumpla con los derechos humanos y estándares ambientales reconocidos internacionalmente. Por favor responde a este llamado escribiendo una carta hoy. 

Panamá está en venta. Y el gobierno está desestimando regulaciones de manera irresponsable, aprobando nuevas leyes permisivas para atraer la inversión extranjera de compañías mineras e hidroeléctricas. En la promoción de estos proyectos industriales, el gobierno está ofreciendo tierras dentro de territorios indígenas como si estos no estuvieran ocupados y los Pueblos Indígenas no existieran. ¿Cómo es posible que un país que votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual garantiza el derecho al consentimiento previo, libre e informado, consienta el avance de proyectos que afectan Pueblos Indígenas? ¿Cómo es esto posible en un país que recibió una orden por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de detener un proyecto de construcción (la represa de Chan 75) por la violación de derechos humanos por parte de la compañía norteamericana AES? 

Nada es sagrado para este gobierno: ni las leyes internacionales sobre derechos humanos, ni las expansiones de selva tropical supuestamente protegidas por parques nacionales y reservas de la biósfera, ni los antiguos territorios de culturas indígenas, ni los derechos laborales obtenidos por los trabajadores un siglo atrás.

Tras bastidores
En junio pasado, la Asamblea Nacional pasó una nueva ley tras bastidores, impidiendo el acceso a las organizaciones civiles con policía anti-motines rodeando el edificio, que de un solo golpe ataca los derechos humanos, laborales y ambientales. La Ley No. 30 elimina el requisito de Estudios de Impacto Ambiental para proyectos de desarrollos avalados por el gobierno, protege a la policía de ser procesados legalmente por crímenes y abuso a los derechos humanos que puedan cometer durante el cumplimiento de sus labores, y además elimina el derechos de huelga de los sindicatos. 

En las calles
Legisladores alineados con el presidente pueden mantener al público fuera de sus cámaras legislativas, pero no han podido mantenerlos fuera de las calles. Cuando trabajadores de las bananeras (en su mayoría indígenas) hicieron un llamado a huelga en Changuinola, indígenas Ngöbe quienes han sido desalojados de sus tierras por la construcción de una represa, rápidamente se unieron a la huelga. En unos días las protestas se propagaron por todo el país. Los trabajadores demandaron (y aún demandan) la derogación de la ley 30 y otras dos leyes: ley 14, que autoriza sentencias de prisión entre seis meses y dos años por obstaculizar las calles durante manifestaciones y protestas. Los trabajadores indígenas igualmente protestaban por el decreto ejecutivo 537, que restringe el derecho de pueblos indígenas a elegir sus lideres de acuerdo a sus formas tradicionales, en violación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. 

Conmocionados y preocupados
Muchos panameños estaban conmocionados por la aprobación de estas medidas represivas. De igual modo el país entero estaba conmocionado por las acciones violentas de la policía contra los manifestantes. Organizaciones de la sociedad civil han demandado la investigación de asesinatos, torturas, golpizas, falsos cargos, secuestros y ocultamiento de pruebas por la policía. Varias de estas organizaciones han solicitado una audiencia especial ante la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos. Por todo el país la insatisfacción con el gobierno puede ocasionar mas protestas en cualquier momento, y en consecuencia existe la preocupación de que se den mayores acciones represivas por parte de la policía. Las organizaciones indígenas, laborales y ambientalistas de Panamá hacen un llamado a los ciudadanos internacionales para que apoyen sus demandas para reinstaurar leyes ambientales, por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y para evitar mas episodios de brutalidad policíaca.  

Lea un reportaje de Cultural Survival a Consejo de Derechos Humanos sobre Panama aqui

Tu Puedes Ayudar

Escribe una carta apoyando esta campaña 

Las comunidades Ngöbe afectadas y las organizaciones ambientalistas en Panamá nos han solicitado enviar cartas, emails, o faxes a las autoridades panameñas. 

• Urgiéndoles a que revoquen la ley 30, ley 14 y el decreto ejecutivo 537, que elimina el requerimiento de estudios de impacto ambiental, restringe el derecho de sindicatos laborales a huelga, protege a la policía contra investigaciones por crímenes cometidos en el ejercicio de sus funciones, restringe el derecho de los pueblos indígenas de elegir sus propios líderes de acuerdo a su tradición, y criminaliza las protestas. Díganle a las autoridades panameñas que estas medidas violan los derechos humanos de los ciudadanos panameños y amenazan la diversidad biológica de la mundialmente reconocida biodiversidad de Panamá.

• Insistan en que se debe implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, que garantiza el derecho al consentimiento a priori, libre e informado de los proyectos que afecten los pueblos Indígenas y sus tierras.

• Exijan una investigación profunda e independiente sobre las acciones de la policía durante las protestas en Changuinola ocurridas entre el 2 y el 11 de Julio en la Provincia de Bocas del Toro, así como el llamamiento a juicio de todos los policías y supervisores involucrados en la violación de los derechos humanos de los ciudadanos panameños.

Por favor envíen su carta a:  
 
Ricardo Martinelli Berrocal
Presidente de la República
Presidencia de la República
Panamá  1
República de Panamá 
Fax  +(507) 527-9034 
Email: prensa@presidencia.gob.pa

Envíen copias de sus cartas a:   

Juan Carlos Varela 
Ministro de Relaciones Exteriores
Calle 3Palacio Bolívar, Edificio 26
Zona postal San Felipe,
Panamá 4, Panamá
Fax +(507) 511-4023           
Email: jcvarela@mire.gob.pa or mgalindo@mire.gob.pa 

Jose Salvador Munoz
Presidente de la Asamblea Nacional
Plaza 5 de Mayo, Panamá
Apartado Postal: 0815-01603,
Panamá, Rep. de Panamá
Fax: +(507) 512-8104
Email:  transparencia@asamblea.gob.pa

Nota: el congreso de los Estados Unidos tiene la posibilidad de presionar a Panamá para que implemente las protecciones ambientales y respete los derechos humanos al incluir este lenguaje en el tratado bilateral de libre comercio que se negociará pronto. Por favor, envía una copia de tu carta al presidente del Comité de Recursos y Métodos del Congreso.

Rep. Sander Levin - Ways and Means Chairman
Longworth House Office Building, Room: 1236
Independence and New Jersey Avenues, S.E.
Washington, DC 20515
Email: visit http://www.house.gov/levin/levin_contact.shtml